Un juzgado de la capital colombiana condenó a penas de 5 a 18 años de prisión a 16 abogados implicados en el desfalco a un fondo de pensiones para miles de jubilados de una antigua empresa estatal, informaron hoy fuentes judiciales de Bogotá.
Los juristas fueron hallados responsables del cobro fraudulento de mesadas en nombre de ex trabajadores de Puertos de Colombia, empresa estatal liquidada en 1991, considerado como el mayor desfalco en la historia del país.
La estatal desaparecida operaba los puertos marítimos y fluviales del país, y de ella quedaron unos 15.500 pensionados, de quienes se hizo cargo el Fondo de Pasivo Social Foncolpuertos, la entidad defraudada, creada en 1992.
La Fiscalía General precisó en un comunicado que los condenados hicieron los cobros en la ciudad norteña de Barranquilla, para lo cual falsificaron "más de 1.000 actas de conciliación, supuestamente firmadas ante inspectores de Trabajo".
Con ellas exigieron "la liquidación de prestaciones sociales presumiblemente no reconocidas a ex trabajadores de Puertos de Colombia", agregó la entidad judicial, que indicó que la investigación la siguió un fiscal de la unidad anticorrupción.
La fuente observó que "el fiscal del caso estableció que las actas presentadas ante Foncolpuertos eran falsas y que los procesados participaron en la elaboración, trámite y cobro del dinero".
La cuantía de dinero cobrada por estos abogados no fue precisada por la fiscalía, que indicó que todos fueron condenados por "peculado por apropiación agravado y prevaricato por acción", mientras que algunos de ellos también incurrieron en "falsedad ideológica en documento público y concierto para delinquir".
La masiva condena se derivó de uno de los casi 400 procesos penales que se han abierto por la gigantesca defraudación a Foncolpuertos, cuya nómina tiene un coste anual de unos 32.000 millones de pesos (más de 16,68 millones de dólares).
Las causas partieron del reconocimiento, mediante hechos ilícitos, de prestaciones laborales, pensiones y sustituciones pensionales, hechos por los cuales la justicia laboral gestiona más de 6.000 procesos en distintas ciudades del país.
Según cálculos gubernamentales, el costo para el Estado de la pérdida de estos procesos podía ascender a los 2,5 billones de pesos (unos 1.303,56 millones de dólares).
Las denuncias promovidas por el Gobierno colombiano han facilitado la revocación de sentencias condenatorias a Foncolpuertos por más de 355.000 millones de pesos (más de 185,10 millones de dólares) y el reintegro de unos 29.000 millones de pesos (unos 15,12 millones de dólares) que fueron cobrados mediante actos fraudulentos.
