Un tribunal peruano sentenció hoy a 20 años de prisión al comandante de la Marina en retiro Andrés Egocheaga Salazar por el homicidio de Indalecio Pomatanta, un joven de 17 años al que roció con gasolina y prendió fuego en 1995 por considerarlo un terrorista.
La Sala Penal Nacional de Justicia exculpó a otros tres militares acusados por el mismo caso, el capitán de Fragata Jorge Luis Rabanal Calderón, y los suboficiales Pedro Rodríguez Rivera y Mario Peña Ramírez.
Asimismo, reservó la sentencia para el marino prófugo Spencer Guido Dávalos.
Nada más conocer la sentencia, la fiscalía interpuso un recurso de nulidad porque consideró que no habían razones para reducir la sentencia de 25 años pedida por el Ministerio Público para el caso de Egocheaga.
Asimismo, rechazó la absolución de los otros tres implicados porque consideró que tuvieron una participación de complicidad necesaria en el crimen.
La sala también ordenó a Egocheaga el pago de una reparación civil de 200.000 soles (66.000 dólares) para los padres de Pomatanta.
Una patrulla de la Marina de Guerra, integrada por los acusados, llegó hasta la casa de Pomatanta en la selvática ciudad de Pucallpa, el 2 de abril de 1995, en búsqueda de una columna de Sendero Luminoso que había participado en un ataque armado.
Los militares golpearon a Pomatanta para que confesara su pertenencia a Sendero Luminoso y la ubicación de las armas que supuestamente se habían utilizado en el ataque, pero al no tener una declaración de su parte, le rociaron tres galones de gasolina en el cuerpo y le prendieron fuego.
El joven fue encontrado vivo por sus padres y llevado a un centro de salud, donde confirmaron que tenía quemaduras en el 65 por ciento del cuerpo.
Pomatanta denunció a las autoridades y a la prensa que había sido quemado por los efectivos de la Marina, pero tres días después falleció como consecuencia de una infección por las heridas.
La Marina de Guerra ofreció a los padres del fallecido 25.000 dólares como única compensación en una negociación extrajudicial, pero su familia rechazó la oferta y presentó la denuncia ante la justicia.
El caso de Pomatanta fue expuesto en las audiencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 2002 como un abuso a los derechos humanos cometido por fuerzas del orden durante el conflicto interno (1980-2000).
El acusado también interpuso el recurso de nulidad, mientras que la sala ordenó la excarcelación del resto de procesados.
