Un grupo de congresistas hondureños de diferentes tendencias pidió hoy a la comunidad internacional una respuesta "más enérgica" para acabar con el golpe de estado por el "tremendo impacto" que puede tener para toda América Latina.
"Esta acción ilegal puede provocar un efecto dominó en toda la región que podría afectar tanto a gobiernos de izquierda como de derecha, generando un proceso de desestabilización hemisférica", dijo la congresista Elvia Argentina Valle, del Partido Liberal.
La congresista habló en una rueda de prensa en Washington en la que aseguró que "si la comunidad internacional no actúa más enérgicamente contra los golpistas, ninguna democracia podrá sentirse segura" en América Latina.
Valle forma parte de una comisión de congresistas y miembros de organizaciones civiles con distintas posiciones políticas que han viajado a Washington para denunciar la "represión" y las "violaciones constitucionales" que se han producido en el país a raíz del golpe de Estado del pasado 28 de junio.
"Muchos de nosotros disentimos en el pasado con el presidente Manuel Zelaya y hemos sido aliados fieles y amigos de Roberto Micheletti, pero no apoyamos la ruptura del orden constitucional", dijo Valle.
"Bajo ninguna circunstancia estuvimos dispuestos a aceptar para acabar con nuestras divergencias la destrucción de la democracia hondureña", por lo que pidió el regreso de Zelaya para que concluya su mandato y puedan convocarse unas elecciones "bajo la legalidad", como estaba previsto.
La congresista explicó que Honduras carece de la figura del juicio político para revocar un mandato presidencial, pero "si el presidente hubiera quebrantado la ley tenía derecho a un proceso justo, bajo ninguna circunstancia tuvo que ser sacado del país".
En este sentido el diputado del Partido Liberal, Javier Hall, señaló las irregularidades que se produjeron en la detención de Zelaya y en el proceso parlamentario en el que se aprobó su destitución, en la que, dijo, muchos de los congresistas no fueron llamados a participar.
Hall aseguró que "es sumamente importante que los países amigos, en este caso Estados Unidos, envíen un mensaje más directo", que incluya sanciones económicas para dar "un mensaje más claro a los golpistas".
El congresista mostró la disposición de Zelaya al diálogo y al plan propuesto por el presidente costarricense, Óscar Arias -que media en el conflicto-, pero aseguró que el mandatario depuesto "tendrá que volver, porque no son sólo 72 horas las que ha dado de plazo, sino ya 22 días".
Por su parte, el coordinador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Abencio Fernández, denunció las persecuciones, asesinatos, desapariciones y restricciones a la libertad de expresión que se están produciendo a la sombra del golpe.
Fernández mostró un álbum de fotos con personas heridas y reportó la muerte de dos sindicalistas, un periodista, un joven de 19 años -quien falleció en la manifestación de apoyo a Zelaya el pasado 5 de julio- y la desaparición de varias personas.
Dijo que la comitiva ha presentado estas denuncias antes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que pidió medidas cautelares para 88 personas, entre las que se encuentran ellos mismos.
"No sabemos lo que nos puede pasar cuando volvamos", dijo al respecto.
Honduras afronta una profunda crisis política desde el pasado 28 de junio, cuando Zelaya fue expulsado del poder y del país por los militares y el Congreso nombró en su lugar a Micheletti, quien no cuenta con reconocimiento internacional.
El derrocamiento se produjo el mismo día en que Zelaya pretendía llevar a cabo una consulta popular con vistas a una reforma constitucional -cuyo fin último era aprobar la reelección, según sus detractores-, a pesar de que había sido declarada ilegal por varias instituciones del Estado.
Pero según la congresista Valle, que se manifestó contraria a la consulta, "no se puede esgrimir que para salvar la Constitución hay que destruir la Constitución".
