El Congreso Nacional guatemalteco eligió hoy a los 13 integrantes de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en contra de seis candidatos.
En una sesión que concluyó a las 04.30 GMT de hoy, los legisladores desoyeron las peticiones del jefe de la Cicig, el jurista español Carlos Castresana, para que no se eligiera a jueces que han sido deficientes en la administración de justicia.
Entre los trece nueve jueces supremos de Guatemala, que estarán en el cargo hasta el 2014, están Thelma Aldana, Manuel Pocasangre, Dimas Bonilla, Elda Nájera, Jackeline España y Mynor Franco, que habían sido cuestionados por Castresana.
Los otros elegidos por el Parlamento son Erick Álvarez, César Barrientos, Ervin Gómez, Héctor Maldonado, Gabriel Medrano, Gustavo Mendizábal y Rogelio Zarceno.
Un diputado de la gobernante Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, reconoció en declaraciones a los periodistas que hubo un acuerdo con otros partidos para elegir a la nueva Corte.
La diputada opositora Nineth Montenegro dijo sentirse "decepcionada", porque los parlamentarios obviaron las recomendaciones de la Cicig y de otros sectores de la sociedad civil para que no se eligiera a candidatos de dudosa honorabilidad y transparencia.
"Sorprende cómo los diputados no tomaron en cuenta la honorabilidad y con ello sólo ratificaron acuerdos políticos evidentemente tomados en otros ámbitos", dijo al ex vicepresidente de Guatemala (1996-2000) Eduardo Stein.
En declaraciones a periodistas, la activista humanitaria Carmen Aída Ibarra advirtió que "no se puede esperar nada bueno de la nueva Corte".
El jefe de la Cicig todavía no ha emitido ninguna opinión sobre la composición de la nueva CSJ, aunque había advertido de que si se nombraba a jueces no idóneos, el manejo de la justicia en el país sería "muy difícil" y tendría "consecuencias negativas".
La Cicig es una instancia auspiciada por las Naciones Unidas que trabaja desde hace dos años en el desmantelamiento de los grupos clandestinos de seguridad que han penetrado las estructuras del Estado en Guatemala.
