La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) ha solicitado al Gobierno de Ciudad de México que "brinde las garantías necesarias a los trabajadores" de la revista Contralínea, cuyos trabajadores han sido acosados y denunciaron hace tres días el robo de expedientes en su sede, informó el organismo.
En un punto de acuerdo que se presentó hoy en la prensa local, el Congreso de la capital mexicana "condena enérgicamente el atentado contra la revista" y manifiesta "su solidaridad con los periodistas y el medio de comunicación en defensa de la libertad de expresión".
El pasado lunes unos desconocidos ingresaron a las oficinas de la revista en la Ciudad de México y sustrajeron material periodístico y contable, además de la computadora portátil del director de ese medio, Miguel Badillo.
La ALDF pidió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que "esclarezca a la brevedad" este hecho.
Tras este allanamiento la reportera Ana Lilia Pérez dijo que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la del Distrito Federal (CDHDF) habían solicitado medidas cautelares y preventivas para que la policía proteja a los comunicadores de la publicación de las amenazas de muerte que han recibido en los últimos meses.
El año pasado el director de Contralínea fue detenido por una orden judicial de una causa de la que no fueron notificados.
Al parecer, la acción podría guardar relación con un juicio entablado por el corporativo Zeta Gas, que denunció a la revista de daño moral con la publicación de un par de entrevistas al dueño de la firma, Jesús Zaragoza.
Zaragoza, que primero concedió esas entrevistas y después denunció su publicación, desveló en ellas el sistema de corrupción en la petrolera estatal Pemex y reconoció que financió en 2006 la campaña electoral de Felipe Calderón, quien ganó los comicios presidenciales de ese año.
Los trabajadores de Contralínea han denunciado el acoso que sufren ante las autoridades capitalinas y lo han puesto en conocimiento de las Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Los periodistas de Contralínea temen por su integridad y su vida", por lo que exigen a los Gobiernos federal y de la capital "el esclarecimiento de estos hechos violentos así como la sanción a los responsables de los mismos", indicó en días pasados la revista en un comunicado.
