Un tribunal argentino consideró prescritas las ejecuciones de integrantes de un grupo guerrillero que en 1989 atacó un cuartel militar de las afueras de Buenos Aires, con un resultado de 39 muertos, informaron hoy fuentes judiciales.
La Cámara Federal de la localidad bonaerense de San Martín consideró que tales ejecuciones no constituyeron crímenes de lesa humanidad, sino un "hecho aislado" que no afectó a la población civil.
La resolución del tribunal revocó un fallo del juez federal Germán Castelli, quien en noviembre había calificado de "delitos de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles" a las ejecuciones de miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) que coparon el Regimiento 3 del Ejército en la localidad de La Tablada.
El magistrado se había respaldado en un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que determinó que el fusilamiento de "los irregulares rendidos se realizó en representación del Estado argentino y contrariando las directivas del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas".
Según la Cámara Federal de San Martín, "no se advierte de lo actuado que confluyan elementos objetivos y subjetivos que caracterizan a los crímenes de lesa humanidad", por lo que, en virtud del tiempo transcurrido, "son hechos que ya no pueden ser juzgados".
El tribunal consideró que se trató de "un acto aislado, espontáneamente emprendido y no planificado con anterioridad, en respuesta a la inesperada agresión ilegítima de que fueron objeto tanto la instalación del Ejército argentino como sus efectivos".
Sin descartar que los fusilamientos y tormentos aplicados a prisioneros rendidos hubieran ocurrido, apuntó que los mismos habrían respondido "a la propia iniciativa de los ejecutores" y no "que hayan obedecido a la política del Estado".
El cuartel fue atacado por miembros del izquierdista MTP, liderados por Enrique Gorriarán Merlo, el 23 de enero de 1989, un mes y medio después de sofocada la tercera y última de las rebeliones militares que soportó el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989).
Precisamente ese año Alfonsín finalizaría anticipadamente su mandato en medio de un estallido social y una severa crisis económica.
La crónica oficial señala que 14 miembros del MTP se rindieron al Ejército y que el ataque dejó el resultado de 28 atacantes y 11 policías y militares muertos.
El investigador y periodista Julio Villalonga afirmó hace un tiempo a Efe que está demostrado que en el ataque participaron 48 miembros del MTP y nada se sabe de seis de ellos.
Gorriarán Merlo, quien dirigió el ataque desde afuera de la unidad militar, murió en 2006 luego de pasar más de la mitad de su vida prófugo o en la cárcel.
Los presos fueron indultados por el Gobierno de Eduardo Duhalde en 2003, cuando la mayoría de ellos estaba bajo libertad condicional y la CIDH había objetado el hecho de que fueran juzgados bajo la ley de Defensa de la Democracia, sin posibilidad de apelación.
En octubre de 2008, la presidenta argentina, Cristina Fernández, ordenó que se enviaran "de inmediato" a la Justicia los documentos de inteligencia relacionados con la causa y eximió a agentes secretos de la obligación de guardar silencio sobre ese asunto.
