CONTRALOR**Luego de ser acusada la empresa Ports Engineering (PECC) de haber causado una lesión patrimonial al Estado, como contratista de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) para el mantenimiento de boyas en el mar territorial y puertos panameños, la misma fue objeto de secuestro por la Dirección de Recuperación Patrimonial de la Contraloría General.
CARGOS**Todas sus cuentas fueron cauteladas y sus bienes e instalaciones ocupados. Según el contralor Weeden, PECC cobraba a la AMP por un servicio que no prestaba, a más de que su contrato, suspendido también por la misma acción, fue concedido en violación de las normas sobre licitación. El alto funcionario imputa además al ex presidente Pérez Balladares ser accionista de esa empresa.
EXCESO**PECC recurrió en su defensa ante la Corte Suprema, pero ayer, mientras el caso sigue su curso, la Contraloría dispuso el cierre de la empresa y la liquidación de su personal para ser recontratado por la AMP para prestar el mismo servicio en disputa. Salvo mejor explicación, la medida luce como peligroso antecedente, porque tiene visos de confiscación, prohibida por la Constitución.
