La Asamblea Nacional de Nicaragua discutirá el próximo lunes en sesión extraordinaria tres iniciativas de leyes sobre defensa, seguridad y fronteras, que han sido presentadas en medio del litigio con Costa Rica y que según la oposición da más poder a los militares sobre los civiles.
El presidente del Congreso, el sandinista René Núñez, convocó hoy en el pleno a los legisladores después de una reunión imprevista de la junta directiva del Parlamento, en la que acordaron celebrar esa reunión extraordinaria el próximo día 6 para discutir los proyectos.
El presidente del país, Daniel Ortega, envió el pasado 26 de noviembre con carácter urgente tres iniciativas de leyes: de la Defensa de la República de Nicaragua; de la Seguridad Nacional de la República de Nicaragua; y la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras.
La primera iniciativa establece que "la doctrina militar de Nicaragua tiene como fundamento la participación de todos los ciudadanos en la defensa de la patria".
También eleva a rango de "Secreto de Estado" el Plan de Defensa Nacional.
En el de Seguridad, el Ejecutivo sugiere que el presidente de la República, en consulta con el Consejo de Ministros, pueda decretar el estado de emergencia nacional "por motivos de conflicto o calamidades públicas" y poner todos los bienes públicos, fuerzas y medios a órdenes del Ejército mientras dure la situación.
El de Régimen Jurídico de Fronteras propone establecer como inalienables "los bienes inmuebles públicos en el territorio fronterizo" y avanzar en la demarcación y amojonamiento de las fronteras del país.
Con esto se pretende -dice- "poner fin al atizamiento de algunas expresiones expansionistas y xenofóbicas".
"No favorece al Ejército que se apruebe a 'mata caballos' (aceleradamente) este cuerpo de leyes, si no cuenta con el consenso de la mayoría de la población", señaló a periodistas el general en retiro y diputado disidente sandinista, Hugo Torres.
Torres también criticó se proponga como "Secreto de Estado" el Plan de Defensa Nacional y que el poder civil se subordine al poder militar en caso de un estado de emergencia.
"Pareciera que se quiere aprovechar todo el contexto del conflicto con Costa Rica y la sensibilización nacional de la defensa y la seguridad para hacer un avance en la centralización del poder al Presidente y en perder los controles democráticos y el balance que debe haber en estos asuntos", indicó el presidente de la Comisión de Justicia del Parlamento, el liberal José Pallais.
El investigador en temas de defensa del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, no gubernamental, Yassir Chavarría, advirtió que esas iniciativas otorgan mayores facultades al Ejército sobre el Ministerio de Defensa, relegando el control civil sobre las fuerzas armadas.
El ex presidente de Nicaragua y líder liberal Arnoldo Alemán dijo que "esta Ley pretende revivir la extinta Seguridad del Estado y el Servicio Militar Obligatorio", lo cual rechazó.
Nicaragua y Costa Rica mantienen desde octubre un litigio por una porción de una isla costarricense fronteriza con el río San Juan, en la que los nicaragüenses mantienen tropas aduciendo que es su territorio, pese a una resolución de la OEA que ordena el retiro de fuerzas militares mientras se resuelve el diferendo.
El contencioso se inició cuando Costa Rica denunció que Nicaragua vertía los desechos del dragado del río San Juan en la isla Calero y abría una trocha en esa ínsula para unir el cauce de agua con una laguna nicaragüense, caso que también se ha elevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
