Los diputados de más edad de la Asamblea Legislativa de Nicaragua pospusieron para el próximo viernes una reunión plenaria en la que el único punto de agenda será la elección de la nueva directiva de ese poder del Estado.
La llamada "directiva de edad", integrada por tres sandinistas y un liberal opositor, acordó posponer la cita, prevista para mañana, para el viernes próximo para dar más tiempo a las diversas fuerzas políticas que aún no se ponen de acuerdo sobre la directiva a elegir.
El presidente y la secretaria de la directiva de edad, el liberal opositor Leopoldo Navarro y la sandinista Xochilt Ocampo, indicaron a la prensa que pospusieron la cita porque, en este momento, no hay consenso para elegir a la directiva legislativa.
El Parlamento fracasó el día 9 pasado en su intento de elegir a la nueva junta directiva de ese poder del Estado para los próximos dos años por falta de consenso.
El retraso en la elección de la nueva directiva impidió que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, presentara el pasado sábado ante el legislativo un informe al cumplir su segundo año de gestión de Gobierno.
La principal disputa de los siete cargos directivos es por la Presidencia de la Asamblea Nacional, a la que el oficialismo y la oposición aspiran para influir en la agenda legislativa de los próximos dos años.
La directiva del Parlamento, que integran siete personas, se elige con el voto de 47 de los 92 diputados, de los cuales 38 son del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y 24 del opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Otros 15 pertenecen a la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), seis a la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), tres al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y cinco independientes.
El diputado 92 es el ex presidente Enrique Bolaños (2002-2007), quien no se ha incorporado a los trabajos legislativos por motivos personales.
El Parlamento concluyó su período el año pasado sin aprobar el presupuesto de la nación para 2009, paralizado y en medio de una crisis institucional tras las cuestionadas elecciones municipales del 9 noviembre pasado, consideradas válidas por el Gobierno de Ortega y fraudulentas por la oposición.
