El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió hoy a la Comisión Legislativa que desestime el convenio por el que su país reconoce actualmente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Mediante una carta oficial, Correa pidió al Legislativo que denuncie ese convenio, al considerar "que viola la Constitución de la República de Ecuador", por lo que el país "se retiraría de ese organismo".
En su portal de Internet, la Comisión explica que el artículo 422 de la Constitución ordena que "no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional".
Asimismo, ese artículo prohíbe la celebración de convenios en los que en el arbitraje se produzcan "controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas".
Correa, en su misiva enviada al Legislativo, reseñó que el convenio sobre el Ciadi fue aprobado por el Congreso Nacional el 7 de febrero de 2001, cuando dispuso "el sometimiento" del país a "la jurisdicción de ese centro".
En esa época, el Congreso aceptó que el concepto de "jurisdicción" se aplicaría a "las diferencias de naturaleza jurídica" que surgieran "directamente de una inversión" entre dos Estados, que "hayan consentido, por escrito", someterse a la deliberación del Ciadi.
Además, el Parlamento de entonces notificó que el consentimiento dado por las partes no podría ser retirado unilateralmente.
En el texto, Correa recordó que en la nueva Constitución se dispone que "la ratificación o denuncia (anulación) de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional, en los casos que atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional".
Con esos antecedentes, el mandatario argumentó en la misiva dirigida al presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero, que considera "conveniente para el Estado ecuatoriano, la denuncia del Convenio Ciadi, por cuanto viola la prohibición prescrita" en la nueva Carta Magna, aprobada el pasado septiembre en referendo.
Correa solicita al Legislativo que "apruebe la denuncia del convenio sobre el Ciadi mediante el mecanismo que tenga a bien dar, a fin de proceder con la notificación de esta denuncia al organismo correspondiente".
La semana pasada, el presidente ecuatoriano aseguró que se prepara a nivel suramericano una estrategia para denunciar al Ciadi, al que calificó de "una barbaridad".
Al hablar recientemente sobre el Ciadi, vinculado al Banco Mundial, Correa dijo que, en torno a este, han ocurrido "cosas increíbles" en su país y en América Latina.
En el texto entregado al Legislativo, Correa recuerda que ya a fines de 2007 la Cancillería notificó a la secretaria general del Ciadi de ese entonces, Ana Palacio, que Ecuador no aceptaría someter a la jurisdicción del centro las diferencias relativas al manejo de sus recursos naturales no renovables.
Quito ha sido demandando ante el Ciadi por algunas empresas, entre ellas la petrolera estadounidense Occidental (Oxy), con la que el Estado ecuatoriano dio por terminado un contrato al considerar que violó importantes cláusulas del mismo.
