El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no vetará el Código de Planificación y Finanzas aprobado por la Asamblea Nacional, pese a que el proyecto incluye cambios respecto a lo propuesto por el Gobierno, según dijo hoy Diego Martínez, Subsecretario de Planificación y Desarrollo.
"Nosotros como Ejecutivo consideramos que están sentadas todas las bases para que este proyecto de ley no tenga un veto y pueda ponerse en vigencia a la brevedad posible", dijo Martínez en una entrevista con Efe.
El Gobierno no logró todo lo que quería con la propuesta legislativa, a pesar de que cuenta con la mayoría en la Asamblea, el parlamento unicameral ecuatoriano, que lo aprobó el jueves.
No obstante, Martínez dijo que los cambios "se han hecho poniéndonos de acuerdo con todos estos actores, con todas las entidades que han participado", por lo que el Gobierno está satisfecho con el resultado.
El nuevo Código amplía la capacidad de endeudamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, las provincias, municipios y parroquias y, en casos excepcionales, del propio Gobierno central.
También permite a los bancos que dediquen el 75% de sus reservas obligatorias de capital a la compra de bonos públicos.
Representantes de algunos gobiernos autónomos protestaron contra el proyecto de ley, por considerar que sometía sus planes a aprobación de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) y centralizaba la toma de decisiones.
Martínez achacó esas críticas a "malentendidos malintencionados" y destacó que "en ningún momento por parte del Senplades se iban a planificar y aprobar los presupuestos", y dijo que el proyecto mantiene la autonomía de las entidades subnacionales.
El subsecretario destacó que el Código permitirá a los gobiernos descentralizados endeudarse más y a más largo plazo, lo que les ayudará a acometer obras de mayor envergadura.
El Gobierno central también quería tener esa capacidad y por ello pidió elevar el límite legal de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) del 40% actual al 50%.
La Asamblea mantuvo el 40%, pero permitió que en casos excepcionales pueda superar ese porcentaje, sin límite, cuando se dirija a infraestructuras y a la refinanciación de la deuda pública externa en condiciones más beneficiosas para el país.
Para ello, el Gobierno tendrá que recibir el visto bueno de la Legislatura.
"El país tiene grandes proyectos en los que piensa emprender, entonces se ha buscado un mecanismo que nos parece completamente sensato", afirmó Martínez.
Actualmente, el endeudamiento público de Ecuador ronda el 20%, según el directivo de Senplades, pero dado que la economía depende mucho de las fluctuaciones del petróleo el Gobierno quiere tener un mayor margen de maniobra para llevar a cabo proyectos incluso cuando caiga el precio del crudo.
"No debemos satinizar el endeudamiento", dijo, pues ayuda a llevar a cabo "un proceso agresivo de inversiones públicas" como el que ha emprendido el Gobierno ecuatoriano.
El Código también permite a los bancos privados invertir en bonos públicos a corto plazo hasta un 75 por ciento de las provisiones o reservas de capital que debe mantener obligatoriamente en una cuenta en el Banco Central como un colchón de seguridad que respalde los créditos extendidos a sus clientes.
El presidente del directorio de esa entidad, Diego Borja, ha criticado la medida, pues a su juicio esa reserva, también conocida como encaje, "tiene que ser líquida".
En cambio, Martínez defendió la resolución, pues "el hecho de que este mecanismo esté ahí bajo ningún punto de vista establece un riesgo en el sistema", dijo, y explicó que si los bancos "lo consideran un mecanismo arriesgado, seguramente no lo usarán".
Según el Banco Central, el encaje actual de la banca ecuatoriana es de unos 700 millones de dólares, lo que representa el doble de los 346 millones de dólares que debe mantener según la ley, con base en el volumen total de depósitos de sus clientes.
La Asamblea enviará hoy el Código a Correa, que tiene 30 días para firmarlo y enviarlo al Registro Oficial para su entrada en vigor.
