El Poder Ejecutivo de Perú publicó hoy una fe de erratas del polémico decreto legislativo 1097, que puede permitir la liberación de procesados por violaciones a los derechos humanos, horas antes de que el Congreso debata su derogatoria.
Los cambios están publicados en la gaceta de normas del diario oficial El Peruano y, entre otros, aclara que la resolución será aplicada en los distritos judiciales donde aún no rige el nuevo Código Procesal Penal y que serán especificados en otra norma.
El decreto 1097 señala que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un período de 36 meses, desde que se abre instrucción, no se dicta sentencia, y que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad "rige para Perú a partir del 9 de noviembre de 2003", cuando el país se adhirió a ese convenio.
Sin embargo, los detractores de la ley coincidían en que la norma otorga impunidad a los militares y policías que cometieron crímenes contra los derechos humanos, ya que la mayor parte de los procesos abarcan hechos cometidos entre 1980 y el 2000.
En la cúspide de las críticas al Gobierno, el escritor Mario Vargas Llosa renunció ayer a presidir la Comisión de Alto Nivel para la construcción del Lugar de la Memoria, un museo para las víctimas del terrorismo en Perú.
La fe de erratas publicada hoy agrega que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra rige a partir de 2003, pero además "sin perjuicio de los dispuesto por la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional".
Tras la renuncia de Vargas Llosa, que calificó al decreto de "amnistía apenas disfrazada", el Ejecutivo envió ayer al Congreso un proyecto de ley para derogarla, 12 días después de su promulgación.
En una misiva, el escritor consideró que existe "una incompatibilidad esencial" entre construir un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo y "abrir mediante una triquiñuela jurídica la puerta falsa de las cárceles" a los que "cometieron también delitos horrendos".
En ese sentido, le advirtió a García de que este decreto "sólo va a traer desprestigio" al Gobierno y consideró que "lo ocurrido es una verdadera desgracia que va a resucitar la división y el encono político" en Perú.
Ex altos jefes militares y miembros del "escuadrón de la muerte" Colina, creado por el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos durante el régimen de Alberto Fujimori, ya han pedido el sobreseimiento de sus procesos por las matanzas emblemáticas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992).
El proceso de derogación se podría realizar hoy mismo, ya que el parlamento peruano anunció que realizará un pleno extraordinario para tratar el tema "con carácter de urgencia".
El Gobierno aseguró ayer que el pedido fue acordado por el Consejo de Ministros "en resguardo de la vida constitucional y democrática del país, y a efecto de evitar cualquier mal aprovechamiento" de la polémica norma.
