La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia defendió hoy el proceso por presuntos nexos con grupos paramilitares que le sigue a la política oficialista Adriana Gutiérrez, que el pasado 30 de enero renunció al Senado con fuertes críticas a quienes la investigan.
La Sala Penal de la CSJ sostuvo que todas sus actuaciones "se ciñen a los procedimientos constitucionales y legales y se encuentran desprovistas, por tanto, de consideraciones distintas de las estrictamente jurídicas".
Un equipo de magistrados auxiliares de esta Sala tiene a cargo la fase de investigación del caso de Gutiérrez, a quien la CSJ vinculó hace casi veinte meses con una causa por presuntos nexos de ella con facciones de la disuelta organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según la ahora ex legisladora, dichos magistrados la han maltratado, la han sometido a interrogatorios maliciosos y se han demorado en resolverle la situación jurídica, que puede ser la de llamamiento a juicio o la de cierre y archivo del caso por falta de pruebas o de méritos para continuar con el proceso.
En un comunicado divulgado en Bogotá, la Sala Penal del Supremo aclaró que la tarea de investigación de los magistrados auxiliares es una función legal y se hace bajo su permanente dirección.
La fuente agregó que el defensor de Gutiérrez asistió de manera invariable a la práctica de las pruebas que han sido recaudadas por el responsable del caso, pudo hacer los interrogatorios correspondientes y estaba legalmente habilitado para "objetar o expresar desacuerdo respecto de los interrogantes formulados".
"Sin embargo, esta facultad de los abogados defensores no se traduce en licencia para controlar el tema de investigación que, en todo caso, es señalado por la Corte mediante las disposiciones probatorias contenidas en las providencias que las ordenan", advirtió la Sala Penal.
Gutiérrez pertenece al Partido Social de Unidad Nacional, más conocido como Partido de la U., y su caso no es el primero de legisladores investigados por el Supremo que renuncian al escaño para que el proceso que afrontan sea asumido por la justicia ordinaria, que les asegura una doble instancia.
Unos setenta congresistas, la mayoría de ellos de movimientos afines al presidente Álvaro Uribe, han sido vinculados por la CSJ con el llamado escándalo de la "parapolítica", de nexos con las AUC, que se disolvieron a mediados de 2006 tras desarmar a más de 31.000 paramilitares.
Del total de investigados, treinta están presos.
