La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador admitió hoy un recurso de inconstitucionalidad contra el nombramiento de los militares retirados David Munguía Payés y Francisco Salinas como ministro de Seguridad y director de la Policía Nacional Civil (PNC), respectivamente.
"Este día fue admitida la demanda presentada por treinta ciudadanos para que se declare la inconstitucionalidad" del nombramiento de Munguía y Salinas, debido a que ostentan un cargo para civil y siguen siendo militares, según los demandantes, señaló en un comunicado la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
El recurso fue presentado el 21 de febrero pasado por la Iniciativa Social para la Democracia, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y otras organizaciones.
El presidente Mauricio Funes nombró a Munguía en Seguridad el 22 de noviembre pasado y a Salinas lo designó en la PNC el 23 de enero; ambos son generales y se desempeñaban como ministro y viceministro de Defensa, respectivamente.
"Los peticionarios concluyen que" Munguía y Salinas "no han dejado de ser militares, pues no han finalizado su carrera militar, sino que se encuentran en una situación de retiro, lo cual es materialmente distinto a finalizar la carrera militar", resalta el boletín.
El paso al "estado de retiro" de ambos militares "se habría dado con la única intención de evadir los requisitos exigidos por la Constitución", situación que entraña un "fraude a la Constitución", según los demandantes, indica el documento.
Según los denunciantes, el nombramiento infringe la separación de funciones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, la independencia de la PNC con respecto a la Fuerza Armada y el mandato constitucional de que la Policía esté bajo autoridades civiles.
El comunicado agregó que "la Sala considera que los demandantes han logrado identificar adecuadamente los elementos del control de constitucionalidad indispensables para que la demanda por ellos presentada sea admitida a trámite".
"Por tanto, se admite la demanda de inconstitucionalidad y se pide informe al presidente de la República para que justifique la constitucionalidad de los acuerdos ejecutivos emitidos", añadió.
Aclaró que con la admisión la Sala únicamente "inicia el estudio del caso para determinar si existe o no la citada inconstitucionalidad alegada por los ciudadanos".
Funes ha defendido en reiteradas ocasiones el nombramiento de estos dos funcionarios e incluso durante la juramentación de Salinas afirmó que no estaba militarizando las instituciones de seguridad, como señalan organismos de derechos humanos y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, en el poder.
Subrayó que lo único que busca es "dar una respuesta institucional más contundente" que "permita reducir significativamente los índices de homicidios y extorsiones, mediante una estrategia eficaz que combine prevención y represión del delito".
El Salvador es uno de los países más violentos del mundo; el año pasado se registraron 4.354 asesinatos y 3.185 denuncias por extorsiones, según la PNC.
Munguía está en el centro de una polémica por una supuesta negociación con jefes de pandillas para que éstos dejaran de cometer asesinatos, como denunció un medio local, algo que él niega.
El funcionario cayó en contradicciones al intentar explicar el traslado de un grupo de cabecillas de pandillas de un presidio de máxima seguridad a otros con menos restricciones, lo que habría sido parte del supuesto trato.
La confusión aumentó cuando el obispo castrense, Fabio Colindres, aseguró que los homicidios han bajado porque él medió para que hubiera una "tregua" entre pandillas.
Desde el traslado de los reos, el pasado día 9, el promedio de unos 13 homicidios diarios ha bajado a nueve e incluso a cuatro, según distintas fuentes policiales, pero el Gobierno no ha explicado si hubo intervención ante las pandillas y de qué tipo.
