El canciller de Costa Rica, René Castro, apeló hoy en Naciones Unidas al derecho y la solidaridad internacionales para resolver la disputa territorial que enfrenta a su país con Nicaragua desde el año pasado.
El jefe de la diplomacia costarricense resaltó que su país "ha mantenido su sensatez y su fe en el derecho internacional y el sistema multilateral" desde que su frontera sufriera "una intervención armada extrajera".
"Confiamos en su eficacia y en la solidaridad internacional para proteger la paz e impulsar el desarrollo de Centroamérica", afirmó Castro ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) durante una reunión sobre el desarrollo y los conflictos armados.
Al mismo tiempo, advirtió de que si la seguridad internacional "no encuentra su cimiento en el respeto al derecho", la alternativa es el equilibrio de fuerzas, una opción que consideró "tan frágil para la paz como estéril para el desarrollo y el bienestar".
Castro admitió que la confianza que su país ha depositado históricamente en el derecho internacional, particularmente después de la abolición de su Ejército hace 62 años, pasa en la actualidad "por una dura prueba".
De todas formas, según explicó, Costa Rica seguirá abogando en la esfera internacional por una resolución dialogada de las disputas y una reducción del gasto en armamento del planeta, que cifró en 1,5 billones de dólares.
"Si un diez por ciento de esos recursos se hubieran dedicado a impulsar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estaríamos muy cerca de su cumplimiento", apuntó.
Costa Rica y Nicaragua mantienen una disputa desde octubre del año pasado debido a los trabajos de dragado que ese último país realiza en el fronterizo río San Juan y la construcción de un canal fluvial en una parte de la Isla Calero.
San José considera que las acciones nicaragüenses suponen una violación de su soberanía y han causado un considerable daño ecológico, mientras que Managua sostiene que se ha limitado a ejercer su derecho a drenar la vía fluvial que separa a los dos países.
El caso se ha discutido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y actualmente se encuentra en estudio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
