Las bandas del crimen organizado infiltradas en las instituciones de seguridad del Estado guatemalteco han reaccionado con violencia al combate que libra en su contra el Gobierno y han infundido psicosis entre los empleados de prisiones.
El pasado lunes, tres vehículos oficiales del Sistema Penitenciario (SP) fueron atacados con armas de gran calibre, provocando la muerte de cuatro empleados, entre ellos, el subdirector de la cárcel de la ciudad de Chimaltenango, Javier Bat.
Hoy varios guardias de prisión han optado por renunciar a sus cargos sin ocular el miedo por ser víctimas de nuevos actos de violencia y dejando en evidencia el estado de psicosis que se vive en esa institución.
Los ataques han sido atribuidos por las autoridades a integrantes de la temida y sanguinaria pandilla conocida como "Mara Salvatrucha", por el traslado de tres de sus miembros de una prisión del interior del país hacia una de la capital.
La prensa mostró hoy a pandilleros, identificados con los alias de "Pysco", "Diabólico" y "Yagua", como los presuntos autores de los ataques contra los funcionarios públicos.
El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, advirtió hoy, en declaraciones a periodistas, que se temen nuevos ataques como reacción del crimen organizado al combate que libran en su contra las fuerzas de seguridad.
La Policía Nacional Civil (PNC), según reconocen las autoridades, se encuentra en desventaja frente a estos grupos, que utilizan fusiles de asalto AK-47 y M-16 frente a las pistolas de los agentes.
La PNC, que cuenta con unos 20.000 agentes, considera que en Guatemala operan al menos 60.000 pandilleros, la mayoría de ellos en la MS y en la Mara 18 (M-18), las más sanguinarias del país.
El Ministerio de Gobernación (Interior) atribuye a las "maras" la mayoría de los 16 asesinatos diarios que ocurren en Guatemala, que colocan al país como uno de los más violentos de Latinoamérica, así como las extorsiones al comercio y al transporte de pasajeros, que les generan millonarios ingresos.
Un chófer fue asesinado hoy a tiros por negarse a pagar una extorsión a los pandilleros, con los que se elevó a 102 la cifra de crímenes en este colectivo en lo que va del 2009.
Según la Asociación de Transportistas de Guatemala, los pandilleros exigen el pago de 100 quetzales (unos 12 dólares) diarios por cada unidad que circula en la capital.
El ministro del Interior, Raúl Velásquez, también ha afirmado que no se descartan nuevos ataques en contra de las fuerzas de seguridad de Guatemala y sostiene que esos hechos son una reacción del crimen organizado.
"No descartamos represalias en contra de la Policía, hay que estar atentos ante cualquier situación", dijo también a periodistas el subdirector de Investigación Criminal de la PNC, Ottoniel Berraza.
La PNC ha reforzado su vigilancia en comisarías de la capital para que estén preparadas ante cualquier ataque.
El SP, según informó hoy su portavoz, Rudy Esquivel, analiza una estrategia para proteger a sus guardias y como primera medida han suspendido desde hace tres días el traslado de reos de las prisiones hacia los tribunales.
Esquivel explicó que no se puede revelar la estrategia que han emprendido porque se vulneraría la seguridad de los guardias de presidios, que arriesgan su vida por un salario mensual de unos 240 dólares.
Colom anunció que en los próximos días inaugurarán una cárcel de máxima seguridad en el interior del país para recluir allí a 180 delincuentes considerados como los más peligrosos.
En Guatemala funcionan hasta ahora unas 19 prisiones bajo el control de 1.300 guardias del SP y en la que están recluidos más de 8.000 presos.
