Debate parlamentario sobre expropiación YPF evidencia fisuras en la oposición
REDACCION
El debate parlamentario del proyecto de expropiación de YPF a la española Repsol, que comenzará hoy en la Cámara de Diputados argentina, ha evidenciado conflictos en la oposición, que defiende la operación pero no quiere aparecer como "cómplice" del Gobierno de Cristina Fernández.
Tras conseguir una contundente mayoría en el Senado, el oficialismo confía en sacar adelante en Diputados el proyecto de ley el expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en la petrolera YPF y de la empresa YPF Gas, con una holgada ventaja.
Durante el debate que comenzará hoy y se prolongará hasta mañana, jueves, el oficialismo prevé lograr los votos de al menos 200 de los 257 legisladores de la Cámara.
Entretanto, parte de la oposición se debate entre su apoyo a la expropiación de la mayor empresa del país y sus críticas a la gestión del Gobierno de Cristina Fernández.
El radicalismo, el mayor grupo opositor, acordó aprobar el proyecto de ley de expropiación, pero varios de sus diputados han anunciado que no respetarán la disciplina de partido y que se ausentarán durante la votación para no apoyar la iniciativa.
"¿Por qué en nombre de la coherencia histórica de la Unión Cívica Radical tenemos que votar junto con los que controlaron mal YPF y fueron por lo menos cómplices del vaciamiento?", se preguntó el radical Rafael Pascual, expresidente de la Cámara de Diputados, en declaraciones a medios locales.
Mientras, desde el entorno del dirigente radical Ricardo Alfonsín advirtieron que los legisladores que no cumplan con la disciplina de partido tendrán que atenerse a las consecuencias.
También para el izquierdista Pino Solanas la propuesta plantea un dilema, aunque su grupo, Proyecto Sur, votará en bloque a favor de la expropiación porque "permite avanzar hacia la recuperación de la petrolera".
Solanas admitió, en una entrevista con el diario La Nación, que el nuevo interventor de la petrolera, el ministro de Planificación, Julio De Vido, "es el responsable del vaciamiento energético" del país y reconoció que votar a favor del Gobierno en esta ocasión es "contradictorio", pero "uno tiene que combinar sus sentimientos", dijo.
"Lo que votamos es que se recupere la empresa, y a esto hay que separarlo de la gestión", concluyó.
Tal como ocurrió en el Senado, el proyecto gubernamental será rechazado en el Parlamento por la conservadora Propuesta Republicana (PRO) y varios diputados del peronismo disidente.
Medios locales han adelantado que el Gobierno ha cursado ya invitaciones a gobernadores, artistas e intelectuales para que acudan el jueves a los palcos del Congreso a celebrar la aprobación del proyecto.
El acuerdo hispano-argentino prevé expropiaciones con indemnización
Buenos Aires, 2 may (EFE).- El acuerdo sobre promoción y protección de inversiones vigente entre Argentina y España prevé la nacionalización o expropiación de activos a condición de que sean declarados "de utilidad pública" y se pague "sin demora injustificada, una indemnización adecuada". Las controversias surgidas entre un estado y un inversor de la otra parte, como es el caso de la expropiación de la petrolera argentina YPF al grupo español Repsol que entrará hoy en la fase final de la tramitación parlamentaria en Argentina, "deberán, en lo posible, ser amigablemente dirimidas entre las partes" en conflicto. "Si no pudiera ser resuelta amistosamente en el plazo de 6 meses contados desde la fecha en que una de las partes en la controversia la haya promovido, será sometida a petición de una de ellas a los tribunales competentes de la parte en cuyo territorio se realizó la inversión", puntualiza. El texto dispone que se podrá recurrir a arbitraje internacional "a petición de una de las partes" cuando no hubiera "una decisión sobre el fondo" de la cuestión "después de transcurridos 18 meses contados a partir del comienzo del proceso judicial iniciado previamente". También se podrá recurrir a un arbitraje internacional "cuando exista tal decisión (judicial) pero persista la controversia" o "por acuerdo de las dos partes". Señala que si las partes "no hubieren acordado otra cosa", el procedimiento arbitral deberá regirse por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones entre estados y nacionales de otros Estados", del 18 de marzo de 1965, o a un tribunal arbitral ad hoc establecido de conformidad con reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. "Si después de un período de tres meses a partir de que una de las partes hubiere solicitado el procedimiento no se hubiese llegado a un acuerdo, la controversia será sometida a un procedimiento arbitral en el marco de 'Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones entre estados y nacionales de otros Estados'", de 1965, insiste. El tribunal arbitral "decidirá sobre la base" del acuerdo bilateral de inversiones, "y, en su caso, sobre la base de otros tratados vigentes entre las partes", y "del derecho interno" del país donde se hizo la inversión "incluyendo sus normas de derecho internacional privado y de los principios generales del derecho internacional". El Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre Argentina y España fue firmado el 3 de octubre de 1991 y puesto en marcha en el país sudamericano por ley promulgada el 3 de septiembre de 1992. El 16 de abril, la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció la intervención de YPF y el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51 por ciento de las acciones de la compañía española Repsol en la petrolera argentina. La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado, será debatida hoy en la Cámara de Diputados y aprobada mañana. El Gobierno argentino ya ha anunciado que no pagará a Repsol los 10.000 millones de dólares que la compañía española reclama por las acciones expropiadas en YPF. La gestión de la petrolera está encabezada ahora por el ministro de Planificación, Julio De Vido, a quien la oposición señala como principal responsable del "vaciamiento" energético del país, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, uno de los nuevos hombres fuertes del Ejecutivo por su pertenencia a La Cámpora, la organización de las juventudes kirchneristas.
