La aprobación de un decreto por parte de la Asamblea Legislativa que modifica el sistema de votación de una sala de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, ha abierto un encarnizado debate entre ambos poderes y salpicado al presidente Mauricio Funes, que es blanco de protestas por avalar la medida.
"Es la primera crisis que involucra a los tres órganos del Estado de manera directa", dijo hoy a Efe el analista Roberto Cañas, quien resaltó el "nivel de complejidad" de esta coyuntura, aunque aclaró que no es la única que ha enfrentado la "incipiente" democracia salvadoreña.
El debate se desató después de que de los derechistas Partido Demócrata Cristiano (PDC), Partido de Conciliación Nacional (PCN) y la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) decidieron el pasado 2 de junio que en adelante Sala Constitucional debe tomar sus decisiones por unanimidad y no con solo cuatro de los cinco magistrados que la integran, como hasta ahora había sido.
El polémico decreto legislativo apareció poco después de que cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional decidieron, el pasado 29 de abril, cancelar de la lista oficial de partidos al PDC y al PCN porque no alcanzaron en las presidenciales de 2009 la votación mínima prevista por la ley.
El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el actual partido de Gobierno, no apoyó la iniciativa de cambiar el sistema de votación de la Sala Constitucional, con el argumento de que se trataba de "una intromisión en la independencia de la Corte".
Pero la decisión fue sancionada el mismo 2 de junio por Funes, lo que desató las críticas de sectores de clase media, juristas y estudiantes, que han convertido las redes sociales y distintos puntos de San Salvador en escenarios para denunciar un "golpe a la institucionalidad" y un intento de "romper el equilibrio de poderes" en el país.
Los magistrados de la Sala Constitucional respondieron esta semana que el decreto legislativo es "inaplicable", porque no fue discutido en el pleno de la Asamblea, viola la separación de poderes y obstaculiza los principios de colegialidad y deliberación.
Este miércoles la derechista ARENA abrió un nuevo frente en la polémica al proponer la derogatoria del decreto legislativo que hace pocos días aprobó y que impone la unanimidad en la Sala Constitucional.
Ese partido argumentó en un comunicado público que tiene "demostraciones" de que los cinco magistrados de la Sala no se pondrían de acuerdo para declarar la inconstitucional de la Ley de Amnistía aprobada en 1993, un año después de la guerra civil que sufrió este país entre 1980 y 1992.
La ley de Amnistía, cuya derogatoria ha sido exigida insistentemente por organismos de derechos humanos, cobijó tanto a integrantes del Ejército como de la entonces guerrilla del FMLN.
Por su parte, la Sala Constitucional aclaró este viernes en un comunicado que de momento "no hay procesos activos" en contra de la Ley de Amnistía, y que cuando les sean presentados los procesarán para ver si proceden y decidir al respecto.
El secretario de Comunicaciones del FMLN, Roberto Lorenzana, aclaró que su partido descartó cualquier apoyo a la nueva propuesta de ARENA de derogar el decreto que modificó el sistema de votación de la Sala Constitucional.
"Metieron las cuatro extremidades (...) y nosotros por qué tenemos que sacarlos", se preguntó Lorenzana sobre el decreto, cuya solicitud de derogatoria pasó a estudio de una de las comisiones parlamentarias.
En una carta publicada este viernes en medios locales, Funes invitó a los poderes Legislativo y Judicial a llegar a un "acuerdo institucional que permita recuperar la necesaria armonía democrática".
El mandatario salvadoreño admitió que su país "ha vivido un verdadero conflicto de poderes", que, aseguró, todos tienen "la responsabilidad urgente de superar".
El presidente del Parlamento, Sigfrido Reyes, y de la Corte, Belarmino Jaime, iniciaron el jueves un diálogo para desentrampar la situación, aunque, a juicio de Cañas, la posible derogatoria es una salida a la crisis.
"El problema no es quién propone que se derogue el decreto, el principio (que se puede afectar) es la separación de los órganos del Estado", alegó Cañas.
