Dos organismos que defienden los derechos humanos pidieron que la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados investigue sobre la "falta de independencia" de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, informó hoy uno de esos organismos.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) informó hoy en un comunicado de que junto al Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil) formularon esa petición en carta enviada el pasado lunes a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva.
En la misiva, ambos organismos informan a la Relatora Especial sobre diversos acontecimientos ocurridos en el país centroamericano desde el año 2000 "que han tenido como consecuencia un debilitamiento del Poder Judicial de Nicaragua".
Según el Cenidh y el Cejil el debilitamiento del Poder Judicial se debe a la "politización de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes por años han respondido a los intereses de los partidos Liberal Constitucionalista (opositor-PLC) o Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)" en el Gobierno.
Ambos organismos consideran "alarmante la reciente decisión de ocho magistrados sandinistas de sustituir en la CSJ a seis magistrados liberales y proceder a nombrar conjueces (jueces sustitutos)".
Según Cenidh y Cejil, tal decisión se llevó a cabo el 11 de agosto pasado sin el debido soporte legal y con el único objetivo de lograr mayoría de miembros en la Corte afines al partido de gobierno, "lo cual constituye un ejemplo claro de la falta de independencia y de la ausencia de Estado de Derecho en el país".
Los dos organismos también piden a la Relatora Especial que realice una visita a Nicaragua en el menor plazo posible, y que en su oportunidad rinda un informe sobre la situación del Poder Judicial nicaragüense ante el Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
La presidenta temporal de la CSJ, Alba Luz Ramos, ha declarado que el proceso para incorporar a los conjueces "es legal" porque éstos fueron nombrados por la Asamblea Nacional, y para tratar de resolver la crisis institucional que afronta el Poder Judicial, que se agravó el 14 de junio pasado.
En esa fecha se venció el período del presidente de la CSJ, el liberal Manuel Martínez, y de los presidentes de las Salas de lo Constitucional, de lo Civil, de lo Penal y de lo Contencioso Administrativo.
Los magistrados liberales se niegan a formar Corte Plena para elegir al nuevo presidente de la CSJ y los presidentes de las Cuatro Salas en que está dividido el Poder Judicial, para no legitimar un decreto del presidente Daniel Ortega, que prorrogó el mandato de 25 funcionarios, entre ellos dos magistrados sandinistas, con períodos de cinco años vencidos.
