Déficit**La iniciativa legislativa presentada por el Ministerio de Economía para suspender temporalmente los efectos de la Ley 20 de Responsabilidad Patrimonial es lógica, conveniente e inevitable, habida consideración que existe un déficit de B/.720 millones en el presupuesto nacional y de la orden terminante dada por esa dependencia de que todo el aparato estatal se ajuste a los ingresos que tiene y se olvide de préstamos.
Ajustes**Obviamente, si no se hiciera la suspensión, los responsables del Ministerio incurrirían en violación de la ley y en un delito si excedieran el máximo del déficit permitido, que es de 2% del Producto Interno Bruto. Se estima que, a duras penas, las finanzas del Estado terminarán el año con un déficit de cerca de 4%, con todo y el ajuste. Eso es preferible a incurrir, como el gobierno pasado, al maquillaje de cifras.
Transparencia**Con esa actitud abierta y franca, el titular de la cartera, Ricaurte Vásquez, gana la confianza ciudadana, que prefiere la dura verdad a una mentira edulcorada. Igual actitud se mantendrá frente a los acreedores del país y las calificadoras, a quienes se informará de la real situación sin ambages junto con sus correctivos. Total, no es sorpresa para ellos, si se la han pasado años haciéndose de la vista gorda.
