Las 50 parejas que demandaron a Costa Rica por la prohibición que mantiene a la fecundación in vitro (FIV) esperan se enjuicie al país en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que el Estado acepte su responsabilidad internacional, dijo hoy su representante legal.
El abogado de las parejas, Gerardo Trejos, y algunos de los demandantes, se reunieron hoy con el Gobierno para exponer sus puntos de vista luego de que el Congreso archivara un proyecto de ley que pretendía legalizar esta técnica por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Trejos manifestó a periodistas que el interés primordial de las parejas "es lograr que se restablezca la práctica de la FIV y que la Corte obligue al país a brindar gratuitamente el tratamiento mediante la seguridad social", tras rechazar cualquier arreglo extrajudicial.
Las parejas afectadas acudieron a la CIDH años atrás y en agosto de 2010 la Comisión, con sede en Washington, emitió un informe en el que señala que Costa Rica violenta los derechos humanos al prohibir, desde el año 2000, la FIV.
Costa Rica cuenta con un plazo hasta el 31 de julio para modificar su legislación y permitir de nuevo la FIV, o de lo contrario la CIDH elevará la demanda a la Corte.
Funcionarios de la Cancillería conversaron hoy con los demandantes sobre las eventuales reparaciones económicas que tendría que pagar Costa Rica si el caso se ventila en la Corte IDH.
El canciller costarricense, René Castro, dijo en una rueda de prensa que el Ejecutivo debe hacer su mejor esfuerzo para llegar a un acuerdo con los peticionarios.
No obstante, Trejos descartó cualquier acuerdo extrajudicial en el caso, pues la prohibición de la FIV por 11 años ha tenido un alto costo emocional para las parejas.
"Es muy difícil convertir el dolor y el daño moral en dinero. Hay mujeres que perdieron, por la tardanza de la CIDH en el caso, la posibilidad total de procrear, otras se divorciaron por esta situación. Cada caso es diferente y no podemos hacer una petición general", puntualizó.
Según Trejos, más de mil parejas costarricenses han debido además salir del país para practicarse una fecundación in vitro en los últimos 10 años, especialmente en países como Panamá y Colombia.
Ante la negativa del Congreso a aprobar un proyecto de ley para regular esta técnica, Costa Rica prácticamente incumplirá el plazo dado por la CIDH, pero el Gobierno insiste en agotar el tiempo establecido y esperar un cambio de actitud en el legislativo.
Uno de los funcionarios de Cancillería presentes en la reunión de hoy, Danilo González, explicó que aún es muy temprano para decidir si el Estado se declararía culpable en un eventual juicio en su contra.
La FIV está prohibida en el país centroamericano desde 2000 pues la Sala Constitucional consideró que violenta la vida de los embriones y la técnica enfrenta una férrea oposición moral de parte de la Iglesia católica y grupos evangélicos, por la manipulación del proceso de gestación.
El primer plazo dado por la CIDH a Costa Rica para legalizar la FIV venció en febrero pasado, pero el Gobierno solicitó más tiempo y se le otorgó una prórroga hasta el 31 de mayo.
Este plazo tampoco fue cumplido, por lo cual la Comisión otorgó una nueva prórroga con vencimiento al 31 de julio, con el fin de que sea aprobada la legislación pertinente.
