Organizaciones en defensa del derecho internacional denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que México mantiene el "arraigo" (detención preventiva), pese a las críticas de la ONU sobre esta medida.
El arraigo, empleado habitualmente por el Gobierno mexicano para retener a presuntos narcotraficantes, permite mantener detenidas a personas sospechosas de delitos graves hasta 80 días sin comparecer ante un juez, mientras se construye un caso contra ellos.
Así lo explicó hoy el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, ante la CIDH.
Este organismo independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebró hoy su segunda jornada de audiencias públicas, en el marco del 141º periodo de sesiones, que comenzó el 21 de marzo y se prolongará hasta el próximo 1 de abril.
Tanto la ONU como otros organismos han aconsejado a México en repetidas ocasiones que prescinda de la figura del arraigo, por violar ésta la presunción de inocencia.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y seis ONGs denunciaron hoy asimismo que el arraigo, una medida contemplada en la Carta Magna mexicana como excepcional, se aplica "en otros delitos que no guardan relación" con la delincuencia organizada, supuesto para el que se creó esta medida.
Según concretó Gutiérrez, se han presentado 120 quejas de derechos humanos vinculadas con esta figura, entre ellas 77 por tortura y 53 por detenciones arbitrarias.
La delegación del Estado mexicano en la audiencia fue tajante a la hora de rechazar la veracidad de estas denuncias, y reiteró la negativa del Gobierno a poner fin a la figura del arraigo.
"Siempre que se nos ha instado a eliminar esta medida hemos sido claros en la respuesta: no podemos", afirmó el subsecretario para asuntos multilaterales y de derechos humanos del Gobierno de México, Juan Manuel Gómez.
La delegación mexicana alegó así que el país está enfrentando una "etapa crucial" para asegurar la vigencia del Estado de Derecho y que el arraigo es una herramienta "fundamental y eficaz" para la persecución de la delincuencia organizada.
Gómez aseguró que el Estado mexicano tiene "toda la voluntad" de que la figura del arraigo se aplique con "todas las garantías", y rechazó de plano que se utilice en otros casos que no estén relacionados con la delincuencia organizada.
En el turno de preguntas de la CIDH, el relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar Gil, manifestó que la figura del arraigo "presenta muchas dudas" y recordó que su aplicación "debe ser extremadamente excepcional para que no se desconozca la presunción de inocencia".
Escobar Gil será el encargado de comprobar en su visita a México cómo se aplica el arraigo y si existen, como aseguran las organizaciones no gubernamentales y las Naciones Unidas, violaciones de los derechos humanos en este proceso.
