Una organización humanitaria guatemalteca denunció hoy a dos juezas que absolvieron el pasado 9 de mayo al expresidente Alfonso Portillo (2000-2004), quien fue juzgado por un millonario desfalco de fondos públicos.
La denuncia penal fue presentada hoy por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) en contra de las juezas Patricia Anabella Veras Castillo y Coralia Carmina Contreras Flores, que votaron en favor de la absolución de Portillo y de los exministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente.
En un comunicado, el GAM explica que la decisión de las dos funcionarias del Organismo Judicial "ha favorecido el clima de impunidad que prevalece en Guatemala".
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público (Fiscalía), la Supervisión General de Tribunales y el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala.
Portillo y sus exministros de Defensa y Finanzas fueron juzgados por la supuesta malversación de 15 millones de dólares del ministerio de la Defensa en 2001.
Según el GAM, las dos juezas "desestimaron pruebas importantes que el Ministerio Público y la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala) habían aportado en el juicio que se seguía contra los exfuncionarios".
A criterio del Grupo de Apoyo Mutuo, las juezas incurrieron en el delito de "prevaricato al resolver contrario a la ley y al calificar en forma subjetiva todas las pruebas presentadas por el Ministerio público y la CICIG".
"Este caso viene a fortalecer el clima de impunidad que prevalece en Guatemala, porque a pesar de existir suficientes pruebas inculpatorias, el tribunal que actúa colegiadamente dirigido por tres juezas, contó con un voto a favor de sentenciar a los inculpados y dos a favor de absolverlos", detalla.
El GAM reconoce el valor de la jueza Morelia Ríos quien sí votó a favor de condenar a Portillo y los dos exministros.
La Fiscalía y la Cicig ya apelaron el fallo judicial el pasado 30 de mayo, pero todavía no hay ninguna resolución al respecto.
Portillo permanece en prisión debido a que la justicia de Estados Unidos lo reclama por el delito de conspiración para el lavado de dinero por un monto de 70 millones de dólares durante su mandato.
