Las bases de datos de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), que administraba bienes incautados a narcotraficantes y fue intervenida esta semana por el Gobierno colombiano por presunta corrupción, fueron adulteradas, denunció hoy la Policía.
"Lo que está probado es que el sistema permitía modificar las bases de datos, modificar la identificación del bien, su valor, su custodio", reveló a periodistas el director de la Policía Nacional, el general Óscar Naranjo.
Según Naranjo, el sistema de almacenamiento de información de la DNE "presentaba oportunidades para que personas inescrupulosas hicieran modificaciones a los inventarios".
"Eso significa un gran peligro que esperamos que no haya servido para defraudar al Estado", sostuvo el general.
La DNE, que administraba más de 75.000 bienes decomisados a narcotraficantes, fue intervenida el pasado martes por el Gobierno.
Esa entidad oficial, órgano asesor, coordinador y ejecutor del Gobierno enfocado al control y disminución de la producción, tráfico y consumo de drogas, interviene en la confiscación de bienes fruto del narcotráfico y delitos conexos, como el lavado de activos, y se encarga de su administración.
Al anunciar la intervención, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, explicó que se detectaron "centenares de irregularidades" en el manejo de la DNE, por lo que agentes de la Policía, la Procuraduría (Ministerio Público) y la Contraloría General (tribunal de cuentas) procedieron a ocupar la sede central de la entidad en Bogotá.
En los inventarios de la DNE figuran un total de 17.574 bienes urbanos, 5.426 rurales, 9.941 vehículos, 351 aeronaves y 743 motonaves.
También 3.548 sociedades, entre ellas de comercio, de hoteles y turismo, concesionarios de autos, gasolineras, farmacias, empresas de transporte, instituciones deportivas (clubes de fútbol, como Los Millonarios, de Bogotá, y América, de Cali).
El general Naranjo detalló hoy que 100 discos duros decomisados a la DNE servirán como prueba en la investigación de las irregularidades detectadas, que permitieron, según el Gobierno, que muchos narcotraficantes o sus testaferros siguieran disfrutando de bienes teóricamente incautados.
Por su parte, Vargas Lleras adelantó ayer que los bienes urbanos y muebles que administraba la DNE saldrán a subasta pública este mismo mes, mientras que los rurales pasarán al estatal Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), para que se usen en el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado proyectado por el Gobierno.
