El Comité de Familiares de Detenidos en Honduras y otras organizaciones denunciaron hoy el "grave" estado de indefensión de los defensores de derechos humanos en ese país y acusaron al Estado de ejercer una política de "terrorismo".
"No se puede pensar que vivimos en un Estado de derecho, vivimos en un terrorismo de Estado", dijo Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que celebra su 141 periodo de sesiones.
De acuerdo con la cofundadora de esta asociación, los defensores de derechos humanos "se encuentran en un estado de indefensión, en una situación grave" en Honduras, porque "no tienen derecho de hacer reclamos sobre las garantías o los derechos violados".
"En Honduras se ha perdido el respeto por la vida y en nombre de la verdad, la justicia, la libertad y la vida estamos aquí", sostuvo Oliva ante los comisionados de la CIDH y el Estado hondureño. "No queremos tener más muertes", agregó.
La coordinadora de COFADEH también denunció que en Honduras la impunidad "existe y persiste".
"Queremos tener un Estado de derecho con derechos. No más mentiras, no más persecuciones haciendo uso de instituciones públicas del Estado", afirmó.
Según Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL), y Mery Agurcia, de COFADEH, en 2009 y 2010 se registraron en Honduras 675 casos de agresiones a activistas y solo en lo que va de año ha habido 65.
Además una decena de defensores de los derechos humanos han sido asesinados desde el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya en junio de 2009, según Aguiluz y Agurcia.
Afirmaron que solo ayer jueves hubo 21 detenciones ilegales y arbitrarias en Honduras, con cuatro menores entre los detenidos.
Las organizaciones también afirmaron que el Gobierno de Honduras no muestra "voluntad" para proteger a los defensores mediante las medidas cautelares que impartió la CIDH a raíz del golpe de Estado.
Por parte del Estado hondureño, Kelvin Aguirre, de la Unidad Especial de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, y el subprocurador general de la República, Ricardo Rodríguez y abogados del Estado rechazaron las denuncias.
También recalcaron la "manifiesta" voluntad y el compromiso del Gobierno del presidente Porfirio Lobo con la reconciliación y los derechos humanos.
Recordaron que bajo el gobierno de Lobo, Honduras se sometió por primera vez a la revisión periódica universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
"Parecería que estuviéramos en una guerra total en la que nadie se salva", dijo Rodríguez.
Aguirre recalcó que el Gobierno mantiene "un canal abierto de comunicación" con la sociedad civil y los defensores, y aseguró que si hay casos de violaciones de los derechos "se aplicará todo el peso de la ley".
De hecho, señalaron, entre 2004 y 2010 se procesaron a 105 policías por violaciones de derechos y en lo que va de año a siete, cifra que el comisionado Felipe González, relator para Honduras, no dio por válida a raíz de la investigación que hizo la CIDH en sus visitas en 2009 y 2010 al país.
Resaltó la importancia de que se proteja a los defensores, debido al papel fundamental y el efecto multiplicador que tienen para la protección de los derechos de los demás ciudadanos, y recordó al Estado que debe tomar todas las medidas necesarias para garantizar no solamente la vida y la integridad de esas personas, sino también asegurar que puedan llevar a cabo su trabajo libremente y sin miedo.
