La alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos) denunció hoy que el Ejercito boliviano ha detenido y confinado a tres políticos opositores de la región de Pando, en estado de sitio desde hace dos meses debido a la matanza de 18 personas en un choque civil.
Roger Pinto, senador de Podemos por Pando, aseguró que los tres confinados estaban en la localidad de Puerto Rico, a más de 200 kilómetros del lugar donde ocurrieron el pasado 11 de septiembre los hechos violentos.
Fuentes gubernamentales confirmaron a Efe que se han producido nuevos arrestos pero no precisaron el número, mientras algunos canales de televisión reportaron hasta siete nuevos detenidos que se sumarían a la treintena de confinados desde que se declaró el estado de sitio en Pando.
Cuando se cumplen dos meses de esta medida excepcional, el senador Pinto insistió en acusar al Gobierno de haber emprendido "una persecución política contra toda la oposición".
Pinto informó de que la semana pasada denunció al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, "como organizador de la persecución de los ciudadanos en Pando y el articulador para crear pruebas en este estado de excepción contra parlamentarios y contra autoridades".
El Ejército controla la región de Pando, fronteriza con Brasil y Perú, desde el 12 de septiembre pasado, un día después del enfrentamiento entre oficialistas y opositores en la localidad de Porvenir que causó 18 muertes.
Casi todos los fallecidos eran campesinos seguidores del presidente Evo Morales.
El opositor y ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández es uno de los confinados y se encuentra desde septiembre en una cárcel de La Paz, acusado de ser responsable de la masacre.
La violencia desatada en Porvenir fue el episodio más duro de la ola de protestas opositoras que se produjo en agosto y septiembre pasados, en lo que el Gobierno de Morales calificó de un intento de golpe de Estado civil.
En los pasados días, la Corte Superior de Justicia de Sucre falló a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el ex prefecto pandino y decretó su traslado a esa ciudad para que se someta a la competencia de la Corte Suprema en un juicio especial, dada su condición de ex autoridad regional.
Sin embargo, el Gobierno pretende que sea procesado penalmente por un juzgado ordinario y ha rechazado trasladarlo a Sucre con el argumento de que se encuentra confinado por violar el estado de sitio y bajo investigación en La Paz.
