El Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras denunció hoy que el Gobierno está fomentando "el rompimiento del Estado de derecho con la pretendida intención de incubar el autoritarismo, disfrazándolo con una consulta popular".
La consulta popular a la que alude el organismo humanitario que preside Ramón Custodio es una cuarta urna que el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, promociona para las elecciones de noviembre próximo, en las que se elegirán presidente, diputados y alcaldes.
Al pueblo se le preguntará, en la cuarta opción, si quiere que se instale una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la actual Carta Magna.
El tema ha dividido la opinión de los hondureños entre algunos sectores que, según diversas denuncias, estarían siendo favorecidos económicamente por el Gobierno y los que se oponen por considerar que Zelaya pretende el continuismo, lo que la ley actual le impide.
Zelaya ha reiterado que no estará ni un minuto más en el poder, en el que cesará el 27 de enero de 2010, pero diversos sectores, incluso la iglesia católica, consideran que el gobernante pretende el continuismo.
Desde hace varias semanas el Gobierno promueve la instalación de la cuarta urna a través de una saturada campaña publicitaria por diversos medios de comunicación, en la que se están gastando millones de lempiras que se podrían invertir en los pobres, según denuncias de varios grupos sociales.
"Los que defendemos la constitucionalidad y la institucionalidad del Estado lamentamos que en este momento se esté fomentando en nuestro país el rompimiento del Estado de derecho con la pretendida intención de incubar el autoritarismo, disfrazándolo con una consulta popular", expresó el defensor del pueblo hondureño.
Señaló además que "en un Estado de derecho debe imperar el principio de legalidad, preceptuado en el artículo 324 de la Constitución de la República, que establece que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley".
La misma Carta Magna establece que "todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad", señaló.
El Comisionado advirtió que se mantendrá atento y vigilante "para que cada acto de gobierno" se ajusto a la ley.
Además recordó que la actual Constitución ha garantizado y garantiza los derechos y libertades de todos los habitantes de Honduras, y que los problemas de inseguridad, pobreza, corrupción y hambre, entre otros que vive el país, no son culpa de la Constitución.
En opinión de Custodio, no es necesaria una nueva Constitución, porque el 99 por ciento de los artículos de la actual pueden ser reformados, menos los que se refieren a la forma de gobierno, el período presidencial y el territorio nacional, por prohibición de la propia Carta Magna.
