Asociaciones de periodistas y la oposición aseguraron hoy que el partido del presidente boliviano, Evo Morales, planea reformar solo a medias la ley que restringe la labor de la prensa en la elección de los máximos magistrados del país, convocada para el 16 de octubre.
Una propuesta de reforma limitada de esa ley, aprobada ya por una comisión legislativa, comenzó a ser debatida por el pleno de la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, luego de que Morales prometiera corregir las trabas a la prensa contempladas en esa norma, a raíz de protestas de periodistas, medios y opositores.
Antonio Vargas, dirigente de la Asociación de Periodistas de La Paz, dijo a Efe que la normativa mantiene restricciones al trabajo de los medios y busca que el Tribunal Electoral sea "regulador de la censura" que se aplicará a los medios.
El oficialismo acepta derogar un artículo que prohíbe a los candidatos emitir opiniones y dar entrevistas y también el que impide a los medios emitir opiniones sobre los aspirantes a magistrados, pero mantiene otras restricciones.
Vargas explicó que la ley reformada seguirá vetando a los medios "generar espacios de opinión" sobre los candidatos y ordena que el Tribunal Electoral, controlado por el oficialismo, regule las entrevistas e incluso las preguntas de los medios.
Agregó que se mantiene la amenaza de responsabilidades penales si los medios incumplen las restricciones.
Según Vargas, la promesa de Morales de reformar la ley para respetar la libertad de prensa "no queda en nada", pues los cambios propuestos por su partido son "solo un maquillaje".
El legislador opositor Fabián Yaksic, que presentó enmiendas a la ley electoral que no fueron aceptadas, dijo a Efe que con las modificaciones del oficialismo "aún no hay plena libertad de opinión, ni de la libertad de expresión".
El diputado oficialista Lucio Marca, presidente de la comisión que redactó los cambios, insistió en que las restricciones buscan que todos los candidatos tengan "igualdad de oportunidades".
La polémica ley regulará el proceso para elegir el 16 de octubre a 56 magistrados de los máximos tribunales de justicia, entre ellos el Supremo y el Constitucional.
