La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) denunciará este lunes ante la CIDH presuntos abusos perpetrados por organismos de seguridad en el marco de la búsqueda de miembros de un grupo armado de extrema izquierda.
El coordinador jurídico de la Codehupy, Juan Martens, informó hoy a Efe que encabezará una delegación en Washington que elevará a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) supuestos hechos de torturas y arrestos arbitrarios perpetrados en su mayoría por la Policía en los últimos dos años.
"Son alrededor de quince casos los que vamos a presentar. Es para analizar la situación global de los Artículos 5 y 7 del Pacto de San José de Costa Rica, sobre el Derecho a la libertad y a la integridad de las personas", dijo Martens.
"Con estos hechos estaremos demostrando que en Paraguay sistemáticamente se sigue torturando, deteniendo ilegalmente como medio para obtener confesiones de personas o por represalias por persecución a un determinado grupo", aseveró.
La mayoría de esos hechos habrían sido cometidos durante la búsqueda de los miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un grupo de extrema izquierda que según las autoridades recibió adiestramiento de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El EPP, que actúa desde hace dos años bajo esa denominación, está acusado de secuestros de ganaderos en el noreste de Paraguay, asesinatos, ataques a policías y militares, y varios de sus miembros están acusados del secuestro y asesinato en 2005 de Cecilia Cubas, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cubas (1998-99).
"Hay casos de torturas contra menores de edad en los departamentos (provincias) de San Pedro (centro) y Concepción (norte), precisó Martens.
Comentó que en varios de los casos "los afectados fueron sometidos a técnicas como el submarino seco, que consiste en poner bolsas de plástico en la cabeza a los detenidos para simular ahogamientos".
"Otras personas, en el caso de los hombres, sufrieron compresiones en los testículos, incluso hasta el desmayo, indicó Martens, quien detalló que cuentan, además de los testimonios de las víctimas, con diagnósticos médicos que comprueban estos hechos.
Relató que todos los casos fueron denunciados en su momento ante la Fiscalía y el Ministerio de Interior y que ninguno de los responsables fueron sancionados.
"Las personas que sufrieron esas torturas ya se encuentran en libertad y lo preocupante es que fueron presentadas como culpables al momento de su detención sin que existen elementos probatorios y al cabo de unos días fueron excarceladas y no recibieron disculpas públicas ni resarcimientos por los daños padecidos", expresó.
La Codehupy también presentará a la CIDH pruebas sobre supuestas amenazas que obligaron a dirigentes sociales y a integrantes de este organismo local de defensa de los derechos humanos a abandonar sus casas en la zona de Kurusú de Hierro, en Concepción, debido a la falta de protección y garantías por parte del Estado.
Martens señaló que se prevé que en la reunión en Washington asistan el ministro paraguayo de Interior, Rafael Filizzola, y el fiscal general del Estado, Rubén Candia Amarilla, así como funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos de La Corte Suprema de Justicia, del Ministerio de Salud y de la Cancillería.
Dijo que también habían recibido presiones de parte de Filizzola, quien, según el integrante de la Codehupy, señaló que los abogados de este organismo "deberían decidir si son defensores de los derechos humanos o de grupos criminales".
"Vamos a solicitar a la CIDH que exhorte a Paraguay a que democratice su sistema de seguridad y que le inste a reorientar su política de mano dura hacia una política de seguridad democrática que garantice la participación de todos", acotó.
