El abogado Ricardo Monner Sanz, denunciante del escándalo por la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y a Ecuador entre 1991 y 1995, reclamó las indagatorias del ex presidente Carlos Menem (1989-99) y del ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien ocupaba el mismo cargo en el momento del contrabando.
"Aquí faltan dos declaraciones indagatorias y le duela a quien le pudiere doler, Domingo Cavallo y Carlos Menem deben ser indagados porque pusieron la firma en los decretos" que autorizaron la venta de armas, dijo el letrado en declaraciones a radio Mitre.
Menem, Cavallo, el ex canciller Guido Di Tella y los ex ministros de Defensa, Antonio Erman González y Oscar Camilión, firmaron los decretos secretos que autorizaban los envíos de material bélico a Venezuela y a Panamá, que fueron desviados a Croacia y Ecuador.
La Cámara Federal capitalina (apelaciones) confirmó el 4 de abril el procesamiento de Di Tella, González y Camilión por "falsedad ideológica" y al ex jefe del Ejército Martín Balza, por malversación de caudales públicos.
En ese mismo fallo, la Cámara ordenó al juez federal Jorge Urso profundizar la investigación para determinar los responsables de la "asociación ilícita" (grupo organizado para delinquir), que llevó adelante la venta ilegal de armas.
A partir de esa medida, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga amplió su declaración indagatoria ante Urso, a cargo de la investigación, y señaló a Emir Yoma, ex asesor y ex cuñado de Menem, quien el pasado jueves quedó procesado con prisión preventiva como presunto "organizador" de la asociación ilícita.
Esto dejaría abierta la posibilidad de encontrar al "jefe" de la asociación ilícita, coincidieron varios analistas, citando fuentes judiciales.
En tanto Sarlenga quedó implicado como "miembro" pero no como organizador, imputación que es excarcelable, y podría recuperar su libertad si paga la fianza de 150 mil dólares que se le impuso en una causa conexa a la de Urso por contrabando de armas que se sigue en el fuero Penal Económico.
Por otra parte, el presidente del Banco Central, Pedro Pou, se presentó ayer ante el juez federal Jorge Urso, a cargo de la investigación, y se retiró 20 minutos después, eludiendo a la prensa y sin formular declaraciones.
Urso había citado a Pou para que explicara por qué el Banco Central nunca respondió varios pedidos de informes, datos y documentación, hechos hace dos años, sobre entidades y cuentas bancarias que podrían haber participado en "la ruta del dinero" de sobornos y pagos en la venta ilegal de armas.
Entre 1991 y 1995 se registró un contrabando de 6.500 toneladas de armas desde Argentina a Croacia cuando pesaba sobre ese país un embargo internacional, y de otras 70 toneladas a Ecuador, cuando estaba en guerra con Perú, generando uno de los mayores escándalos de la década menemista.
Karim Yoma, hermano del procesado, expresó la "gran preocupación" de su familia por la situación del detenido y cuestionó al juez al considerar que procesó a Emir "por convicción y no por pruebas".
"En una semana, de una manera vertiginosa, increíble, (el juez) busca a una persona, se la procesa por dichos de imputados -un preso y una ex telefonista (en alusión a Sarlenga y a Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir)- y los toman como pilares fundamentales para armar la acusación", se quejó Karim Yoma en declaraciones a radio Mitre.
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