La Contraloría General (fiscalía de cuentas) de Nicaragua acusó al presidente del país, Arnoldo Alemán, de violar supuestamente la Constitución, por gestionar compras en favor de una finca propiedad de su familia, informó ayer, la prensa local.
El ente fiscalizador remitió ayer a la Asamblea Nacional, copia de los resultados de su auditoría, con el objetivo de que los legisladores determinen si el mandatario liberal utilizó su cargo en su propio beneficio y violó los artículos 130 y 150 de la Carta Magna.
Según el artículo 130, ningún funcionario del estado puede actuar como apoderado o gestor de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, so pena de perder su representación y el cargo, y el 150 lo obliga a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
La Contraloría realizó una auditoría en el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria y constató que el presidente Alemán en persona, seleccionó y compró lotes de 123.875 arbolitos, que luego envió a la finca "La Chinampa", propiedad de su familia.
El instituto de tecnología no sólo vendió los árboles de aguacate y marañón de exportación, sino que se convirtió en vivero personal del gobernante, cuando éste pidió 60.000 arbolitos de café, variedad "Catimor", resistente a la roya.
Según declaraciones de testigos obtenidas por la Contraloría, que figuran escritos en su resolución, técnicos del instituto confirmaron que Alemán los mandó a preparar el semillero para el café, igual que los de marañón y aguacate, que una vez desarrollados pasaron a su finca.
Además de comunicar al Parlamento la presunta violación constitucional, la Fiscalía presume que el director del Instituto, Luis Osorio, y el administrador del vivero, Rosendo Guzmán, cometieron faltas administrativas por cumplir los deseos del presidente.
De acuerdo con la auditoría del ente fiscalizador, Alemán pagó una parte de esos arbolitos, con cheques a nombre de Osorio, cuando la ley le ordena que sea a nombre del instituto, mientras otra parte de las plantas, se las "regalaron".
La Constitución Política de Nicaragua establece facultades al Legislativo para destituir al Presidente de la República, en caso de violar la Carta Magna, pero, según comentaristas locales, se descarta que el Parlnto tome una iniciativa de ese tipo, por estar bajo control de liberales y sandinistas.
El Contralor, Agustín Jarquín, tras 46 días de prisión, salió de la cárcel el 24 de diciembre de 1999 sobreseído por supuesto fraude, pero la Procuraduría recurrió ante la Corte Suprema de Justicia para seguirle juicio, la que aún no ha fallado.
