La fiscal de la nación, Nelly Calderón, dijo ayer que presentó una denuncia constitucional contra el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, por su presunta responsabilidad en el homicidio de 15 personas en 1991.
"(La acusación es) por violación contra los derechos humanos. Hemos presentado pruebas, recogido declaraciones, todo está bien estudiado para que el Congreso se pronuncie", dijo Calderón a la radioemisora local, RPP.
La matanza de civiles confundidos por rebeldes en el distrito popular limeño de Barrios Altos, es uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos durante la década de poder de Fujimori.
Calderón remitió la denuncia la noche del miércoles al Poder Legislativo para su discusión, acusando a Fujimori de ser coautor de la matanza así como por el delito de lesiones graves de otras dos personas que lograron sobrevivir.
Si el Congreso aprueba la denuncia deberá remitirla a un juez para que abra un proceso contra el ex presidente.
"Es gravísimo", dijo el legislador Daniel Estrada, jefe de una subcomisión del Congreso que investiga a Fujimori por homicidio, desaparición forzada y terrorismo.
Estrada agregó que la denuncia será incluida en las investigaciones que encabeza en la subcomisiónque concluirá su trabajo dentro de unos 10 a 15 días presentando un informe.
La masacre se produjo hace 10 años, cuando una decena de personas encapuchadas y con botines militares irrumpieron en una fiesta que se desarrollaba en una casona antigua en Barrios Altos y acribillaron a 15 personas, entre ellos un niño de ocho años.
La llamada "matanza de Barrios Altos" fue atribuida al escuadrón de la muerte conocido como "Grupo Colina", integrada por militares en ejercicio pero que bajo la clandestinidad asesinaban a quienes consideraban miembros del maoísta grupo rebelde Sendero Luminoso, el más violento de Perú.
BUSCAN EVIDENCIAS CONTUNDENTES
Las investigaciones de las matanzas del Grupo Colina tratan de determinar qué tan implicado estaba Fujimori con el escuadrón de la muerte, del cual se dice que habría operado bajo la dirección del ex asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos.
"Si existiera una evidencia indubitable de que hubieron órdenes para ejecutar estos actos, entonces ahí si habrían dejado (lugar a) un proceso penal", dijo el legislador Francisco Tudela, un abogado quien no fue congresista en 1991.
Fujimori, quien que fue destituido en noviembre por "incapacidad moral", permanece en Japón amparado por su doble nacionalidad peruano-japonesa, enfrenta además cargos de abandono de sus deberes.
Abogados y legisladores afirman que en caso de alguna acusación de crímenes contra la humanidad es posible que los jueces japoneses puedan emprender acciones contra Fujimori.
El procurador José Ugaz, quien investiga la supuesta red de corrupción tejida por Montesinos, dijo la semana pasada que el ex presidente podría ser acusado de responsabilidad en los asesinatos.
Según Ugaz, el ex mandatario no pudo estar desinformado sobre el Grupo Colina y como jefe constitucional de las fuerzas armadas debió haber controlado los excesos.
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