La Procuraduría General de la República acusó a 11 personas, incluso un importante funcionario público, por haber subvalorado tierras de propiedad del estado para venderla a particulares cómplices.
La Procuraduría acusó al administrador de Bienes Nacionales, Víctor Tió Fernández, y a otras 10 personas, incluyendo funcionarios medios de esa dependencia, por vender a cinco pesos (30 centavos de dólar) el metro cuadrado de tierras estatales en zonas urbanas.
El precio de mercado de las tierras en cuestión está estimado en unos 1,000 a 1,200 pesos el metro (unos 70 dólares), según la Procuraduría General.
El presidente Hipólito Mejía acogió las recomendaciones de una comisión investigadora de destituir del puesto a Tió Fernández y someterlo a la justicia junto a los demás implicados.
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