El presidente de Colombia, Andrés Pastrana, cuyo predecesor, Ernesto Samper, aceptó haber recibido dinero de la mafia en su elección, ha sido acusado de utilizar en las elecciones de 1998 dinero de empresas que después obtuvieron millonarios beneficios del Gobierno.
Las denuncias hechas por parlamentarios aseguran que la campaña electoral de Pastrana recibió donaciones de la empresa Dragados de Colombia (Dragacol), que demandó al Estado por supuestos perjuicios en obras nunca realizadas, por lo que recibió a finales de 1998 una indemnización irregular de cerca de 13 millones de dólares.
La denuncia la hizo el senador liberal Javier Cáceres, del departamento de Bolívar, en una carta enviada a la Fiscalía General de la Nación, en la que pidió investigar el caso.
No obstante, la Presidencia de Colombia negó que la campaña electoral de Pastrana hubiera recibido donaciones de Dragacol y aseguró que sobre la elección del gobernante "no recaen dudas de ninguna especie".
En un comunicado, la Presidencia de la República desmiente que la oficina electoral del entonces candidato conservador, que representó a la coalición Gran Alianza por Colombia, hubiera recibido dinero de Dragacol en el departamento caribeño de Bolívar por medio de depósitos a cuentas bancarias paralelas.
Según Cáceres, las aportaciones en Bolívar fueron de 50 millones de pesos (una suma pequeña equivalente a 25.000 dólares), pero agregó que está seguro de que también se depositó dinero en otras regiones del país y que en la cuenta paralela se manejaron 360 millones de pesos (180.000 dólares).
Cáceres es el mismo parlamentario que el mes pasado provocó la renuncia del secretario general de la Presidencia y "mano derecha" de Pastrana, Juan Hernández, quien reconoció qu una empresa de confección de su esposa maneja contratos para elaborar uniformes para la Policía.
Pastrana sustituyó en 1998 al liberal Ernesto Samper, quien gobernó cuatro años bajo la acusación de financiar su campaña con 6 millones de dólares de la época aportados por los narcotraficantes del cartel de Cali.
Dragacol comenzó a ser conocida el año pasado tras descubrirse que los abogados de esta empresa demandaron al Ministerio de Transporte y obtuvieron indemnizaciones por 26.000 millones de pesos (13 millones de dólares) por supuestos perjuicios sufridos al suspenderse unas obras de dragado fluvial jamás realizadas.
Su gerente, Reginaldo Bray, está prófugo y el suegro de éste, el ex ministro conservador Hugo Escobar Sierra, está bajo arresto domiciliario desde el año pasado, acusado de participar en las maniobras como abogado de Dragacol.
En el comunicado, la Presidencia subraya que "ni Dragacol ni su representante realizaron aportes ni donaciones a la campaña presidencial" y agrega que las mencionada cuenta bancaria "no tiene ninguna relación con la campaña presidencial de Pastrana".
La jefatura del Estado colombiano señala que la campaña presidencial de Pastrana, que debe gobernar hasta el año 2002, "fue manejada en forma transparente y sobre ella no recaen dudas de ninguna especie".
"Todos los dineros recaudados fueron debidamente contabilizados y no ingresó ni un solo peso del narcotráfico, ni de ningún origen dudoso", agrega la declaración oficial en aparente alusión al anterior Gobierno, presidido por Samper.
El actual jefe del Estado fue, precisamente, el mayor crítico de la financiación ilegal de la campaña de su predecesor Samper, quien afirmó, al ser absuelto por el Congreso, que si el dinero de la mafia entró "fue a mis espaldas".
Pastrana, derrotado por Samper en las elecciones de 1994 encabezó una férrea campaña en el país y en el extranjero contra la Administración de este último, a quien Estados Unidos despojó de su visado de ingreso en 1996.