La Corte Interamericana de Derechos Humanos se dispone a iniciar un nuevo período de sesiones bajo la sombra de la controvertida decisión del gobierno del Perú de retirarse del sistema judicial de la OEA.
El tribunal anunció ayer que analizará la decisión del presidente peruano Alberto Fujimori de no acatar sus fallos contenciosos en las sesiones que empezarán el jueves en su sede en la capital costarricense.
La portavoz Emilia Segares dijo que en deliberaciones privadas se discutirá el impacto de la decisión peruana y su efecto sobre dos casos recientemente presentados ante su jurisdicción.
También analizará el incumplimiento de dos sentencias emitidas por el tribunal y desconocidas por el Perú.
El presidente de la corte, el ecuatoriano Hernán Salgado, ha dicho que el retiro peruano es un "absurdo jurídico", y prometió que el organismo seguirá con el trámite de los casos pendientes y dictar sentencia.
Perú es firmante de la convención americana de los derechos humanos.
Fujimori, aduciendo razones de seguridad nacional, anunció en julio el alejamiento del Perú de la CIDH, después que la corte falló a favor de cuatro chilenos que fueron condenados a cadena perpetua por terrorismo por un tribunal militar secreto.
La CIDH ordenó al gobierno juzgar nuevamente a Jaime Castillo, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Concepción Pincheira, pero en una corte civil.
La decisión peruana también dejó en suspenso el caso de una maestra que pasó cinco años en prisión por cargos de terrorismo.
Perú cumplió la primera parte de la sentencia, emitida en 1997, al liberar a María Elena Loayza, pero se niega a indemnizarla por unos 160.000 dólares.
La salida del Perú se produjo cuando el tribunal se disponía a tratar dos casos prominentes y polémicos.
El primero es el retiro de la nacionalidad peruana y la propiedad de una canal de televisión al empresario de origen israelí Baruch Ivcher. La emisora de Ivcher usualmente divulgaba reportajes críticos sobre el gobierno de Fujimori con denuncias sobre supuesta corrupción y violaciones de derechos humanos.
El otro trata sobre las destituciones de tres magistrados del tribunal constitucional del Perú que habían votado en contra a la segunda reelección de Fujimori.
No se sabe con certeza si Perú se defenderá en tres audiencias públicas que la corte también tiene prevista a lo largo de la próxima semana, dijo Segares.
La corte deberá escuchar testimonios en los casos de Norberto Durand y Gabriel Ugarte, apresados en 1986 por terrorismo y que desaparecieron ese mismo año durante un motín en el penal El Frontón y en el de Luis Cantoral quien presentó una demanda por un presunto arresto ilegal y torturas. Además, la corte estudiará la posibilidad de emitir una sentencia en el caso del Gustavo Cesti, un militar en retiro, condenado por un tribunal castrense dentro de un proceso por corrupción.
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