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El gobierno del presidente Carlos Menem, acosado por una investigación judicial a raíz de ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador, anunció ayer que difundirá información sobre operaciones similares realizadas por el ex presidente Raúl Alfonsín.
El juez federal Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli impulsan una investigación sobre la responsabilidad del gobierno de Menem en ventas de armamentos a Croacia, entre 1991 y 1995, simulando que estaban destinadas a Panamá. En ese entonces estaba en vigencia un embargo de las Naciones Unidas contra la ex Yugoslavia.
La justicia también investiga otra operación ilegal, que vendió armamentos a Ecuador, bajo la apariencia de destinarlos a Venezuela. Ello ocurrió en 1995, en pleno conflicto fronterizo peruano-ecuatoriano, y pese a que la Argentina es uno de los cuatro países ``garantes de paz" entre las dos naciones latinoamericanas.
Las causas judiciales se han convertido en un creciente dolor de cabeza político para el gobierno, ya que el magistrado federal sospecha que hubo en la operación una ``asociación ilícita", que involucraría a ministros, ex ministros, funcionarios y militares.
La investigación podría alcanzar al propio Menem, quien firmó los decretos secretos de venta de armas, que se basaban en certificados falsos de Panamá y Venezuela.
El viernes, el fiscal Stornelli realizó un procedimiento en el edificio de la Cancillería y recogió abundante documentación sobre las ventas a Croacia.
El ministro del interior Carlos Corach dijo a la prensa que se pondrá a disposición de la justicia documentación que probaría que el gobierno de Alfonsín (1983-89) ``vendió armas a Irán cuando ese país se encontraba en guerra y sufría un embargo de las Naciones Unidas", y que lo hizo a través de intermediarios.
Menem ya había asegurado que su gobierno no cometió ninguna irregularidad, y que el juez y el fiscal investigan hechos que son ``una completa mentira".
A fines de octubre, Menem ordenó al procurador general Nicolás Becerra que investigara la conducta del fiscal Stornelli, por sospechar que la inspiraban móviles políticos. Pero el pedido presidencial fue rechazado tanto por Becerra como por distintos estamentos del poder judicial.
El diputado opositor Dante Caputo, canciller de Alfonsín, declaró a la prensa ``Hay una diferencia básica y es que ninguno de esos decretos terminaron en países sobre los que existía un embargo, no hubo operaciones de contrabando ni se cometieron ilícitos", expresó.