El Procurador General, Jaime Bernal Cuéllar, se pronunció a favor de conceder beneficios como suspensión de procesos penales y excarcelaciones para paramilitares que se sometan a la justicia, así como la necesidad de acudir a un diálogo con esas temibles cuadrillas armadas, responsables de miles de asesinatos.
Hasta ahora el gobierno del presidente Andrés Pastrana ha mantenido la posición de que deben ser perseguidos y sometidos a la justicia todos los miembros de las bandas de paramilitares, que encabeza Carlos Castaño, dejando entrever una negativa oficial a acudir a una mesa de diálogos con esas agrupaciones, que se financia de aportes de terratenientes y cobros al narcotráfico.
"Creo que se deben buscar formulas para allanar el diálogo con los grupos de autodefensa" o paramilitares, dijo Bernal en una entrevista publicada ayer en el diario El Tiempo. "Creo en Castaño...hay que creer en las personas con las que uno se sienta a hablar", agregó el Procurador, quien se reunió en diciembre pasado con el comandante armado en una región del noroeste del país.
Bernal dijo que aunque muchos sectores pensarían que es absurdo conceder beneficios a personas, que como los paramilitares, han violado leyes penales, la clave está en "sacarlos de esta guerra, hay que darles algún tratamiento de carácter penal que permita atribuir responsabilidades, pero también crear beneficios".
Entre esos beneficios, dijo el Procurador, estarían la suspensión de procesos o las excarcelaciones para aquellos paramilitares que depongan sus armas y se sometan a la justicia. Bernal, sin embargo, descartó de plano el otorgamiento de indultos o amnistías, puesto que leyes aquí prohiben conferir tales beneficios a acusados de delitos de lesa humanidad.
"Yo sé que esta respuesta va a generar polémicas porque ya me han dicho que el Procurador no debe estar en procesos de paz ni diálogos con la guerrilla.
Pero eso a mí no me importa", dijo Bernal, cuya oficina esta constitucionalmente a cargo, entre otras atribuciones, de investigar y sancionar a funcionarios públicos que incumplan sus deberes.
La Procuraduría ya lleva casos y ha sancionado a militares y policías por supuesta complicidad y omisión en matanzas atribuidas a paramilitares. Señaladas de cometer cerca de la mitad de las masacres de civiles que ocurren cada año en Colombia, las bandas del paramilitarismo dicen combatir a la guerrilla y dar muerte a sus simpatizantes. Solo en febrero pasado, Castaño admitió una incursión al norte del país, que dejó más de 50 civiles muertos a machetazos y tiros.
Bernal ha servido de facilitador para liberaciones de secuestrados en manos de guerrilleros, mientras ha impulsado contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que con unos 5.000 miembros es la segunda fuerza insurgente de Colombia, para establecer una negociación de paz entre ese grupo, el gobierno, y con presencia de miembros de la sociedad civil.
