Un arbitraje internacional o la aplicación de "razones humanitarias" son las dos últimas posibilidades para liberar al ex dictador chileno, general Augusto Pinochet, detenido en Londres desde hace nueve meses, estimaron ayer en Santiago fuentes políticas.
El camino de un tribunal arbitral, que determine si Pinochet puede ser juzgado en Europa o debe volver a Chile, fue replanteado el viernes por el canciller chileno Juan Gabriel Valdés, en una extensa nota diplomática a su colega español Abel Matutes.
La nota chilena "contiene razones sólidas e importantes que vamos a estudiar con cuidado", dijo Matutes, en una escueta declaración que este domingo publicó el diario El Mercurio de Santiago.
La buena disposición del canciller español representa un avance, frente al rechazo que inicialmente provocó la propuesta chilena, lanzada el 23 de abril, para recurrir a un arbitraje.
En forma paralela al complicado mecanismo arbitral, el gobierno del presidente chileno Eduardo Frei mantiene el argumento de las razones humanitarias para liberar a su antiguo adversario, que a sus 83 años enfrenta varios problemas de salud, con sucesivos exámenes en clínicas londinenses durante estos nueve meses.
"Están jugando con la vida de una persona que es muy vieja", acusó Pinochet en una entrevista con el diario "The Guardian", reproducida parcialmente ayer por la prensa de Santiago.
Aunque la oposición derechista y los militares chilenos rechazaron en un comienzo el argumento humanitario, en las últimas semanas se manifestaron de acuerdo con esta salida, luego que la defensa jurídica del ex jefe del Ejército no logró detener el proceso de extradición a España, que debe iniciarse en Londres el 27 de septiembre próximo.
Pinochet fue detenido el 16 de octubre de 1998 en la capital británica, cuando España pidió su extradición para enjuiciarlo por los crímenes atribuidos a su régimen de facto, entre 1973 y 1990. Cuando la Cámara de los Lores acogió el pedido de extradición, el pasado 24 de marzo, precisó que Pinochet sólo puede ser juzgado por torturas cometidas en Chile después de septiembre de 1988, fecha en la que Gran Bretaña ratificó la Convención Internacional contra la Tortura.
Ese acuerdo, aprobado por las Naciones Unidas en 1984 y que el régimen de Pinochet también ratificó antes de la restauración de la democracia en Chile hace nueve años, permite recurrir a un arbitraje en caso de controversias.
La controversia actual enfrenta a España, que formalmente pidió la extradición del ex dictador, y Chile, que rechaza la "extraterritorialidad" de la justicia y la competencia del juez Baltasar Garzón, empeñado en llevar a Madrid a Pinochet, para sentarlo en el banquillo de los acusados.
El tema fue analizado durante una entrevista que Frei mantuvo hace un mes con el presidente del Gobierno español, José María Aznar, cuando ambos concurrieron en Brasil a la primera cumbre de la Unión Europea, América Latina y el Caribe.
Pero a la cita no acudió el primer ministro británico, Tony Blair, cuyo Gobierno también tendrá que pronunciarse si España acepta el planteamiento chileno de acudir a un grupo de árbitros neutrales. Si ese pronunciamiento es favorable, Pinochet tendrá el camino despejado para regresar al país que gobernó con mano de hierro durante 17 años, donde le aguardan más de una veintena de procesos abiertos en su contra, por fusilamientos sin juicios, asesinatos y la desaparición de 1.198 opositores a su régimen.
