Más de la mitad de los habitantes de la ciudad argentina de Río Tercero demandaron al estado por daños causados por una explosión que provocó siete muertos, cientos de heridos y arrasó con miles de viviendas, informó ayer el diario La Nación.
"Insistimos en la gran responsabilidad del Estado. Debe hacerse cargo, porque acá dejaron desamparada a la gente", señaló al periódico Susana Demichelis, una vecina de la devastada fábrica militar argentina.
En noviembre de 1995 decenas de tambores con el explosivo trotyl tallaron en una planta militar en la ciudad de Río Tercero, en la provincia mediterránea de Córdoba, 800 kilómetros al noroeste de Buenos Aires.
La explosión dejó un saldo de siete muertos, 300 heridos, y 5,000 casas arrasadas.
El apacible poblado tiene cerca de 35,000 habitantes, de los cuales 18,000 presentaron demandas judiciales por daños morales y materiales.
De prosperar las acciones, los residentes recibirían indemnizaciones por un total de 280 millones de pesos (dólares).
"El gobierno nos pagó, pero mal, y no recibimos otro tipo de atenciones. Sicológicamente estamos muy mal y además hemos perdido el trabajo", dijo Hugo Dassano, un carpintero de la pequeña ciudad.
El siniestro, del cual todavía se desconoce su causa, también acabó con miles de municiones similares a las que se habrían vendido ilegalmente a Croacia, contrabando que enredó a funcionarios del gobierno de Menem.
Los investigadores sospechan que la explosión fue provocada para encubrir la falta de esos proyectiles. Ya hay varios empleados de la planta procesados por supuesta negligencia.
Entre 1991 y 1995 Croacia y Ecuador recibieron armamento argentino, a pesar de que estaban sumidos en guerra bajo sendos embargos de armas.
El gobierno sostuvo desde un principio que las armas estaban destinadas a Venezuela y Panamá, pero que fueron desviadas por empresas intermediarias.
El contrabando a Ecuador y Croacia provocó la renuncia del entonces ministro de Defensa, Oscar Camilión, la detención del ex director y un jefe de producción de la estatal Fabricaciones Militares y el pedido de juicio político al canciller Guido Di Tella.
