La justicia argentina prohibió la destrucción de archivos militares que contendrían información sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura de 1976-83, dijo ayer la defensora del pueblo.
"La justicia prohibió que se aplique un decreto que permite que se quemen los archivos militares", dijo a Reuters Alicia Oliveira, defensora del pueblo de Buenos Aires, quien presentó el pedido ante la justicia.
La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires prohibió el martes la aplicación de un decreto de 1971 que ordenaba la incineración de todos los expedientes del tribunal militar luego de 30 años de su resolución.
En su pedido judicial, Oliveira argumentó que los documentos que se conservan en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas podrían brindar información sobre persecuciones y torturas ocurridas durante la llamada "guerra sucia", en la que desaparecieron entre 15,000 y 30,000 personas. La comunidad tiene "el derecho a saber y conocer qué pasó con cada una de las personas desaparecidas y obtener toda la información referida a la metodología y la organización del terrorismo de Estado", explicó Oliveira en su presentación.
La cámara pidió a las fuerzas armadas un informe sobre la cantidad de expedientes sobre la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983 que aún se conservan y la forma en que fueron archivados.
"Este fallo es muy importante porque son documentos históricos", aseguró Oliveira.
