La Asamblea Constituyente decretó ayer en emergencia el Poder Judicial y nombró una comisión reorganizadora para proponer el saneamiento de lo que ha calificado como un "ineficiente y corrupto sistema de justicia" venezolano.
Los integrantes de la comisión, entre los cuales no podrán figurar los actuales miembros de la Corte Suprema y el Consejo de Judicatura -organismo disciplinario que evalúa la actuación de los jueces-, serán nombrados por la propia Asamblea, en la cual más del 90 por ciento de los asientos son controlados por el gobierno.
La decisión fue adoptada pese a la opinión emitida en abril por la propia Corte Suprema de Justicia, en la cual ésta afirmaba que la Asamblea no tenía el poder para este tipo de acción, ya que su misión era solamente redactar una nueva constitución.
Allan Brewer Carías, quien salvó su voto y es uno de los pocos candidatos ajenos a la coalición gobernante que fueron electos a la Asamblea Constituyente, pidió mesura a los asambleístas a fin de evitar un choque de poderes que "haría peligrar nuestro régimen de libertades". "Espero que se imponga la racionalidad entre los asambleístas, que actúen con mesura, como un órgano auxiliar del Poder Judicial y no cometan el error de usurpar sus funciones", dijo Brewer, un experto en derecho constitucional.
El decreto declara "el poder judicial en emergencia y reorganización para garantizar la idoneidad de los jueces, prestar la defensa pública social y asegurar la celeridad y transparencia e imparcialidad de los procesos judiciales".
La resolución es secuela de un decreto promulgado la semana pasada en que la Asamblea declaró en emergencia los poderes públicos para acelerar el proceso de cambios y legitimar su base legal para actuar sobre los poderes constituidos de la nación.
De acuerdo a los asambleístas, la crisis institucional de los poderes públicos venezolanos tiene carácter estructural e influye en forma determinante en la imposibilidad que dichas instituciones puedan por sí mismas superar la crisis.
Hoy virtualmente no existe Congreso en el país. Sus miembros, entre los cuales son mayoría los partidos de oposición, decidieron en julio salir de vacaciones e iniciar negociaciones con la Asamblea para evitar una confrontación entre los poderes.
Pero un asambleísta oficialista, Elio Gómez Grillo, principal promotor de la iniciativa aprobada ayer, dijo que no había razones para temer un vacío legal en Venezuela.
"Lo que estamos abordando es la búsqueda de solución a una emergencia judicial que ya existía", dijo.
"Aquí abordaremos temas puntuales como suspender o sustituir jueces que tengan retardo procesal injustificable en la tramitación de los juicios, aquellos cuyas sentencias hayan sido revocadas por fallas procesales", agregó Gómez Grillo.
La llamada Alta Comisión de Justicia, creada hoy, propondrá a la Asamblea las medidas necesarias para la reorganización del poder judicial, elaborar presupuestos, evaluar el funcionamiento y desempeño de los tribunales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, así como ejecutar aquellas decisiones que apruebe éste foro.
La Alta Comisión de Justicia, cuyos miembros serán electos hoy, estará integrada por cuatro miembros de ese foro y cinco juristas o representantes independientes.
La decisión se produjo, tras un largo debate que se prolongó tres días, bajo fuertes críticas de los partidos de oposición que han acusado a la Asamblea de estar institucionalizando la anarquía y un golpe de estado.
El cuerpo constituyente tiene un plazo de seis meses, contados a partir de agosto, para elaborar la nueva carta magna.
