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Asamblea reitera a Congreso que no le permitirá sesionar


El presidente de la asamblea constituyente de Venezuela, Luis Miquilena, aseguró ayer que se han dispuesto mecanismos para hacer cumplir su mandato de suspender las sesiones del Congreso, ante la insistencia de los parlamentarios de reunirse hoy viernes.
"Esa reunión sorpresiva, convocando a sesiones extraordinarias para cuestionar las decisiones que ha tomado la asamblea constituyente, significaba un desconocimiento de nuestra autoridad, en cuyo caso no lo vamos a permitir, de tal manera que la constituyente ha establecido los mecanismos para que se cumplan todas sus decisiones", sostuvo Miquilena.
El presidente de la constituyente no precisó qué mecanismos se utilizarán, aunque sí señaló que estos no serán el llamar a las fuerzas represivas: "no se olviden que esta es una asamblea soberana, electa democráticamente por el pueblo, respaldada mayoritarísimamente por el pueblo venezolano, y esa es su base de sustentación en el pueblo de Venezuela, y no en el Ejército".
La asamblea constituyente aprobó el miércoles, un mes después de haber sido elegida, un decreto que suspende las sesiones del Congreso y limita notablemente sus competencias, dejando en funcionamiento apenas tres comisiones, la delegada del parlamento, la de Finanzas y de Contraloría.
Los principales partidos de la oposición, el socialdemócrata Acción Democrática (AD), el democristiano Copei y el conservador Proyecto Venezuela, que unidos tienen mayoría en el Congreso, insistieron en mantener la convocatoria a sesión extraordinaria.
Esto es considerado por Miquilena como un "desacato" a la constituyente, donde más del 90% de los escaños están en manos de adeptos al presidente Hugo Chávez.
"No sabemos si (los parlamentarios) llegarían al grado de locura de hacer cosas de esa naturaleza (entrar en el Congreso para sesionar); en ese caso no se si buscaríamos un mecanismo de siquiatría para hacerlos entrar en razón, porque me parece que eso sería una insensatez de tal grado", concluyó Miquilena.
Sin embargo la oposición política reiteró que realizarían, lo que podría ser su última acción: la celebración ayer viernes de sesiones de ambas cámaras (senadores y diputados) para analizar la delicada situación política del país.
El jurista opositor constituyente Allan Brewer Carías sostuvo que el decreto de reforma del poder legislativo viola la constitución de 1961, vigente hasta que se apruebe la nueva carta magna. Asimismo, que viola las garantías democráticas subrayando que los actuales congresistas fueron electos por el pueblo -en las elecciones del 8 de noviembre de 1998- y sólo este puede revocarles el mandato, "o al menos así debe suceder en una sociedad democrática".
El constituyente ex asesor del presidente y ahora su acérrimo adversario, Jorge Olavarría, aseguró que la reforma del poder legislativo es militarista.
Otro opositor constituyente, el ex trotskista y ahora líder conservador Alberto Franceschi aseveró que el decreto es subversivo, desestabilizador y anarquiza los poderes públicos.
El presidente Hugo Chávez aseguró este jueves que no participa en esta batalla, que calificó como "la más emocionante del siglo en Venezuela".
Estados Unidos, que hasta el momento observaba circunspecto el proceso de reforma iniciado por Chávez, expresó abiertamente ayer su "profunda preocupación" ante las decisiones de la Asamblea Constituyente para limitar la acción del Congreso y el Poder Judicial.
Estados Unidos está "profundamente preocupado por el decreto de ayer de la Asamblea Constituyente para intentar limitar la autoridad y competencia del Congreso", dijo Foley.
Foley aseguró que no es intención de Washington entrometerse en los asuntos internos de Venezuela "ni interferir en las deliberaciones domésticas" de ese país, que constituye su principal fuente de petróleo.
Sin embargo, el vocero enunció una serie de comentarios que reflejan la voluntad del Gobierno del presidente Bill Clinton de subir el tono.
Foley reconoció que "el proceso de lo que ha ocurrido hasta ahora, en términos de establecer la Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, ha sido legal".


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101 años de Panamá América

 
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