La Fiscalía General de México causó una gran confusión con informes contradictorios sobre un atentado contra el ex jefe policial antidrogas Cuauhtémoc Herrera, a quien dio por muerto y luego rectificó para anunciar que sólo había sido herido de bala.
El titular de la Fiscalía Antidrogas de México, Mariano Herrán Salvatti, aclaró ayer que el muerto en el atentado no es Herrera, ex coordinador de la Unidad contra la Delincuencia Organizada y quien es investigado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narcotráfico, sino su ayudante Sergio Chávez Aguirre. Herrán explicó que Herrera fue herido en el abdomen, por lo que se le ingresó de urgencia en un hospital militar en la capital mexicana y ayer se le trasladó a un hospital privado.
Herrera y otra persona más resultaron heridos y su ayudante muerto el jueves en un atentado cometido en un céntrico hotel de la capital de México cercano al lugar donde en 1994 fuera asesinado el secretario general del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu.
Tras el atentado, la Procuraduría General de la República (PGR) emitió un comunicado en el que informó de la muerte de Herrera, pero cinco horas después aclaró que el fallecido era su ayudante, que identificó como Cuauhtémoc Nájera.
Sin embargo, la PGR se retractó de nuevo y señaló que el asesinado fue Sergio Alberto Chávez Aguirre, ayudante de Herrera.
El fiscal antidrogas declaró a diversos medios locales que Herrera tenía que comparecer una hora después del atentado ante esa dependencia por supuestos nexos con el cártel de los hermanos Amado, Ramón y Benjamín Carrillo Fuentes, según acusaciones del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA).
En el mismo atentado recibió dos disparos la abogada Silvia Raquenel Villanueva, representante legal de Herrera, quien fue operada de urgencia en un hospital de la capital mexicana y su estado de salud es grave pero estable, según informes médicos.
La policía mexicana detuvo el jueves a cinco presuntos agresores, que no portaban armas de fuego ni fueron reconocidos por personal del hotel donde se perpetró el atentado, informó ayer el agente del Ministerio Público José Feliciano Espinoza.
La Fiscalía explicó que Herrera colaboró con la Unidad contra la Delincuencia Organizada entre 1997 y 1998, año en el que fue trasladado unos meses a Madrid (España) por razones de seguridad. |
El atentado se sumó a una ola de violencia desatada por la batalla del Estado mexicano contra las mafias y posibles reacomodos entre los narcotraficantes.
El ataque contra Cuauhtémoc Herrera, a 101 días de las presidenciales y en pleno centro de ciudad de México, escandalizó a la prensa y círculos políticos, porque fue coordinador técnico de la Unidad Especial Contra la Delincuencia Organizada (UEDO), en tareas de inteligencia contra el narcotráfico, antes de renunciar el 14 de enero pasado.
El 29 de febrero en un testimonio de William E. Ledwith, jefe de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ante el Congreso norteamericano, reveló que el veterano agente asesinado apoyó al cártel de Amado Carrillo, apodado "El señor de los cielos", ex capo del Cártel de Juárez, fallecido en 1997.
El zar antidrogas mexicano, Mariano Herran, dijo a la prensa -horas antes de la balacera- que Herrera iba a ser llamado a declarar esta misma semana en relación con el "caso Cancún", el lujoso balneario que se convirtió en "trampolín" de la cocaína del Cartel de Juárez hacia Estados Unidos.
Ese caso obligó al ex gobernador Mario Villanueva a huir en 1999 de la justicia -el día que entregaría su cargo- y es buscado por facilitar en Cancún las actividades de la mafia de Carrillo, quien antes de morir tras una operación de cirugía plástica expandió su red a Chile y Argentina, donde lavó millones de dólares.
El ataque del jueves siguió a una serie de asesinatos de prominentes personajes, como el 14 de marzo, cuando fue ejecutado por desconocidos el abogado de dos presuntos miembros del Cártel de Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos.
Además, el asesinato del jefe de la policía de Tijuana, el 28 de febrero -días después de que el presidente Ernesto Zedillo declaró la guerra a la delincuencia en esa ciudad--, desató investigaciones sobre otros jefes al seno de la misma policía de esa ciudad.
La corrupción por la penetración de las mafias es otra sombra sobre la justicia federal.
El mes pasado, el jefe administrativo de la Procuraduría General de la República (PGR), Manuel Izábal, se suicidó luego que le detectaron varias cajas de seguridad en las que acumuló más de 1,5 millones de dólares, cuyo origen era "difíciles de explicar", según escribió antes de matarse de un tiro en la boca. Jorge Shabat, experto en el tema del narcotráfico del prestigioso Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) dijo a la AFP que "una primera hipótesis de estas muertes son los pleitos entre bandas, reacomodos entre cárteles; siempre que hay reorganización hay muertos".
Una segunda hipótesis simultánea apunta a que "los niveles de confrontación del Estado mexicano contra el narco están aumentando, lo que plantea un dilema complicado: optar por un gobierno decidido a enfrentarse con costos de violencia o elegir otro que no lo enfrente", prosiguió.
Finalmente, "todo indica que el gobierno ha golpeado a grupos de narcos en los últimos meses, como el cartel de Cancún"
"Es difícil saber si la batalla se pierde por falta por voluntad, falta de capacidad operativa o corrupción interna que afecta la voluntad del Estado mexicano", finalizó Shabat.
