El Partido Socialista agregó ayer otra querella judicial contra el ex dictador Augusto Pinochet por la desaparición de 34 guardaespaldas del derrocado presidente Salvador Allende, mientras se anunció la conformación de los abogados que lo defenderán en el proceso por su desafuero como senador vitalicio.
Además de la querella judicial del oficialista Partido Socialista, un abogado de derechos humanos interpuso una demanda contra Pinochet por la detención y desaparición de un integrante de la policía secreta.
El soldado Carlos Carrasco Matus, según informó el abogado Nelson Caucoto, fue arrestado en la década del 70 al parecer por las relaciones que entabló con prisioneros de un campo de detención.
Con estas dos nuevas querellas, suman 75 las acciones judiciales contra Pinochet, quien enfrenta una petición de desafuero por el secuestro de 19 personas hechas desaparecer en octubre de 1973.
Los detenidos fueron hechos desaparecer por una delegación militar, conocida como "la caravana de la muerte", a la cual Pinochet ordenó revisar los procesos.
El presidente del Partido Socialista, Ricardo Núñez, encabezó ayer la acción judicial, que dijo está dirigida a esclarecer la situación de los guardaespaldas de Allende detenidos en el asalto a la sede de gobierno durante el golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
El jurista Pablo Rodríguez, quien dirigiera un grupo terrorista de ultraderecha en la década del 70, será el jefe del equipo de abogados defensores de Pinochet en el proceso por su desafuero como senador vitalicio.
El director de la Fundación Pinochet, el general retirado Luis Cortés, informó tras una reunión ayer con Pinochet y sus familiares que Rodríguez encabezará al grupo de defensores.
Rodríguez dirigió en la década de los 70 el movimiento Patria y Libertad, que desarrolló una activa lucha terrorista contra el gobierno de Allende. Poco antes del golpe militar, debió asilarse en Ecuador al ser vinculado a un frustrado alzamiento castrense.
Pinochet, de 84 años, descansa en una parcela agrícola que posee en Bucalemu, a unos 130 kilómetros de Santiago. Allí se dirigió luego de su regreso desde Londres el 3 de marzo, donde permaneció 503 días detenidos mientras se resolvía su extradición a España.
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