El guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) José María Ballestas, quien fue extraditado desde Venezuela, alegó inocencia en un caso de aeropiratería. El jefe de la Interpol en Colombia, coronel Rodrigo González, que escoltó a Ballestas el miércoles en su regreso al país, contó que en la conversación que sostuvo con el rebelde este se mostró "tranquilo y sin sobresaltos".
González afirmó que Ballestas "esta consciente de la situación que enfrenta acá", donde es requerido por un tribunal de la norteña ciudad de Bucaramanga, que lo acusa por su supuesta participación junto a otras tres personas en el secuestro y desvío de una aeronave con 46 ocupantes en abril de 1999.
Según el oficial, el guerrillero espera que en Colombia "se le siga un juicio justo y manifiesta la falencia en este momento de un abogado que lo defienda". El oficial relató ayer que Ballestas le aseguró que es "inocente al caso que se le imputa".
Sin embargo, González indicó que la mayor parte de la conversación con el rebelde versó sobre "cosas personales". Ballestas le contó que es hijo de un comandante del ELN apodado "Raúl", que murió a fines de la década de los 80, y a quien veía cuando niño en campamentos guerrilleros.
El rebelde es oriundo del sur del departamento de Bolívar, un bastión tradicional de esta guerrilla, y prácticamente llegó de la "cuna" a la insurgencia. También afirma haber perdido un hermano miembro del ELN en combate.
Actualmente, se encuentra un calabozo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) la policía secreta, desde donde será trasladado hoy viernes, probablemente, a un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de La Picota, en la capital.
En esta prisión esperará el desarrollo de los trámites para su eventual partida a Bucaramanga, donde un juez lleva el caso del secuestro de un avión de Avianca.
Ballestas fue extraditado el miércoles, luego que las autoridades colombianas aceptaron la solicitud del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de que el rebelde no debía recibir una pena superior a 30 años de resultar condenado.
El tribunal venezolano estableció esa prerrogativa debido a que las leyes locales prohiben condenas superiores a 30 años.
La demora en la extradición enturbio las relaciones entre los dos países, donde sectores colombianos denunciaron la laxitud de las autoridades venezolanas frente a los guerrilleros.
