El gobierno del presidente uruguayo, Jorge Batlle, enfrentará una huelga general contra la conducción económica y otras reivindicaciones obreras hoy, cuando justamente cumple 100 días en el poder.
Pero la protesta de un día no está dirigida directamente contra el mandatario, quien asumió el 1 de marzo, dijo ayer un dirigente de la central de trabajadores única Pit-Cnt, que convocó al paro.
"No es contra el presidente, sino contra la continuidad de una política económica que perjudica a los trabajadores", afirmó a la prensa Ismael Fuentes.
La principal reivindicación del paro es por más fuentes de empleo, en un país donde la desocupación llegó en el primer trimestre del año a 12 por ciento de la fuerza laboral, un punto porcentual más que el año pasado.
Los trabajadores reclaman mejoras salariales, más presupuesto para la enseñanza y la salud, y la eliminación de lo que consideran intentos de privatización del puerto de Montevideo en el marco de un amplio proyecto que prevé legislar sobre temas que van desde medidas para reactivar la economía, hasta temas de seguridad y la creación de un ministerio de Deportes.
Sin embargo, funcionarios del gobierno aseguran que la huelga sólo logrará una reducción en el salario de quienes la acaten.
"Esa medida está contemplada en la Constitución y es un derecho de los trabajadores pero considero que al otro día del paro no se habrá conseguido nada, excepto una reducción del 4 por ciento del salario del mes en que se realiza la huelga para quienes la acaten", dijo a la prensa el viceministro de Trabajo, Federico Bosch.
Anunciaron su adhesión al paro los trabajadores de la banca, el transporte, la enseñanza en todos sus niveles, de las poderosas empresas públicas, la administración central y de la industria, así como de los servicios de salud.
Según dirigentes de la central de trabajadores asociaciones del interior del país, principalmente del sector agropecuario y comercio, decidirán a último momento si acompañan la medida.
"Uruguay sigue sin tener una política de incentivo a la producción y la industria no tiene ninguna perspectiva. El comercio y el agro en el interior del país tienen serios problemas a los que no se les ha dado ninguna solución", dijo a Reuters el dirigente sindical Julio García.
La economía uruguaya cayó 3,2 por ciento en 1999 arrastrada por la crisis de la devaluación brasileña de enero de ese año, tras haber crecido 4,5 por ciento en 1998.
Como consecuencia de la recesión, Batlle enfrenta un déficit fiscal que trepó a 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 1999, desde el 0,8 por ciento el año previo, además de la caída de los precios internacionales de los productos exportables del país.
A los problemas coyunturales se agregó la crisis de la producción agraria, afectada por una gran sequía a fines de 1999 y principios del 2000, seguida de un período de inundaciones que perjudicaron los cultivos y las faenas de ganado.
Uruguay es un fuerte exportador de carne vacuna, lanas, lácteos, cítricos y cereales, como arroz y trigo.
Para paliar esa situación el equipo económico del gobierno resolvió un recorte en el gasto público y aumentos salariales solamente para policías y milites, medidas fuertemente rechazadas por la central de trabajadores.
"Debe haber un control del gasto, no una reducción. No podemos creer que se reactive un país suspendiendo todas las obras públicas", dijo García.
