El nuevo presidente de Uruguay, Jorge Batlle, dejó abierta una puerta para que por fin se conozca el destino de los desaparecidos durante la dictadura que gobernó el país entre 1973 y 1985, dijeron ayer políticos y activistas por los derechos humanos.
Al asumir el miércoles, Batlle mostró una actitud diferente a la de los gobernantes que la antecedieron desde que Uruguay recuperó la democracia, al dejar entrever que buscará una solución al tema.
"Creo que es un primer paso, habrá que ver cuáles son las soluciones propuestas. Pero es evidente que hay una disposición a llevar adelante la paz de los espíritus, que en Uruguay no existe", dijo a Reuters ayer el senador Rafael Michelini, del centroizquierdista Nuevo Espacio.
Michelini es hijo del también legislador Zelmar Michelini, asesinado en 1976 en Buenos Aires, supuestamente en el marco de acciones represivas conjuntas de las cruentas dictaduras que gobernaban entonces Uruguay y Argentina.
Estas acciones, conocidas como "Plan Cóndor" incluyeron también a las dictaduras de Augusto Pinochet, en Chile, y de Alfredo Stroessner, en Paraguay.
Tras jurar como vigésimo octavo presidente constitucional de Uruguay, Batlle pronunció un discurso basado en ideas económicas y con propuestas para aliviar la situación del influyente sector agrícola, pero deslizó, al final y aunque sin nombrarla, su intención de encontrar una solución al asunto.
"Debemos sellar la paz definitiva entre todos los uruguayos", dijo Batlle, un veterano político de 72 años perteneciente a una familia de presidentes dentro del centroderechista Partido Colorado, que ha gobernado durante casi toda la historia democrática de este país de 3,2 millones de habitantes.
Batlle asumió tras el segundo mandato no consecutivo de Julio María Sanguinetti, también colorado y presidente durante el período posdictatorial (1985-1990) quien mantuvo una cerrada negativa a esclarecer las violaciones a los derechos humanos.
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