Paros cívicos y bloqueos a importantes carreteras colombianas iniciaron ayer pobladores de seis departamentos de la costa caribe colombiana (norte) en protesta por los costos de los servicios públicos, la restricción de entrada de mercancías para los comerciantes y la falta de pago a los maestros.
Las protestas se suman a las iniciadas en la medianoche del martes por los habitantes de por lo menos ocho poblaciones de una amplia zona del centro-norte del país, que rechazan la desmilitarización de tres municipios para un proceso de paz con el guevarista Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las autoridades militares y policiales dijeron a periodistas que las protestas transcurren en total calma, y agregaron que en algunas poblaciones fue declarada la ley seca y se prohibió la movilización de motocicletas, así como de cilindros de gas que las guerrillas izquierdistas utilizan como morteros caseros.
Líderes cívicos de los departamentos caribeños informaron que el paro tiene origen en los altos costos de las tarifas de prestación de los servicios de acueducto y energía eléctrica, y la demora en el pago de salarios y otras prestaciones a los maestros y trabajadores de la salud.
Pero a estas demandas se sumaron las protestas de los comerciantes de los departamentos de La Guajira y Magdalena, en razón a que las autoridades aduaneras comenzaron a ejercer un rígido control al ingreso de mercancías provenientes de Panamá, que tradicionalmente han entrado por esa región evadiendo el pago de impuestos.
Por otra parte, las autoridades civiles de los municipios de Yondó (Antioquia, noroeste), Cantagallo y San Pablo (Bolívar, norte) a desmilitarizar para que el ELN realice una Convención nacional por la paz con la sociedad civil, dijeron que por lo menos 120.000 personas de ocho municipios, paralizaron sus actividades en rechazo a la decisión.
La Convención es un requisito previo del grupo guerrillero para iniciar un proceso de paz con el Gobierno del presidente Andrés Pastrana, quien hace dos semanas anunció la desmilitarización de los tres municipios en un área de 4.727 Km2.
Las autoridades y habitantes de los municipios de esa región se oponen rotundamente a la desmilitarización por considerar que si la zona es entregada al ELN se convertirá en escenario de secuestros, crímenes y enfrentamientos con los paramilitares de extrema derecha.
Las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) también rechazan la desmilitarización y aseguran que no permitirán que el ELN vuelva a recuperar ese territorio de donde, según aseguran, lograron desalojarlo a sangre y fuego.
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