Bolivia espera que Chile oficialice su anuncio de plantear la divergencia sobre el uso de las aguas de los manantiales del Silala como un litigio internacional para que sea dirimido por un tribunal arbitral, manifestó ayer el canciller Javier Murillo de la Rocha.
"Bolivia ha licitado y adjudicado la administración de esas aguas a una empresa nacional porque se trata de un recurso hídrico que es de su propiedad", dijo.
Agregó que se enteró por la prensa que la Cancillería chilena habría asumido una posición de estado en este asunto, por lo que "a ellos les corresponde plantearlo así, antes de obtener una respuesta argumentada jurídicamente de Bolivia".
La divergencia surgió porque Bolivia considera que las aguas del Silala provienen de 98 ojos de manantiales ubicadas en territorio nacional y que simplemente fueron desviadas a Chile por canales.
Chile sostiene que las aguas del Silala son de un río de curso sucesivo que se inicia en Bolivia, pero que continúa naturalmente a su territorio.
En 1997, la autorización fue revocada y argumentó que la empresa ferroviaria había dejado de operar efectivamente en la década de los años 60.
El gobierno adjudicó este año la administración de las aguas del Silala a la empresa boliviana DUCTEC, cuyos ejecutivos enviaron en mayo pasado las facturas correspondientes a dos meses a los consorcios chilenos Corporación del Cobre y la empresa ferroviaria.
Esas empresas rechazaron las facturas y adujeron que no correspondía el pago porque las aguas provienen de un río de curso sucesivo.
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