El ministro chileno de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, asumió ayer la responsabilidad en la concesión del pasaporte diplomático con el que Augusto Pinochet viajó a Europa el año pasado y en cuya emisión, según un juez, se cometió "falsificación ideológica".
El canciller de Chile, en una extensa conversación con la prensa y después de tres días de silencio, afirmó que "no hubo delito" en este caso, y admitió que uno de los requisitos de las misiones especiales es proteger a quienes las realizan.
La polémica se generó después de que el juez del segundo juzgado del crimen de Santiago de Chile, Carlos Escobar, dictaminara que se había incurrido en el delito de "falsificación ideológica de documento público" al extender un pasaporte para Pinochet con una misión especial que nunca existió, según los abogados querellantes.
En una declaración oficial presentada por Insulza, la cancillería indica que "respeta las actuaciones y decisiones de los tribunales de Justicia", y destaca que el fallo no involucró judicialmente a ninguno de sus funcionarios.
Sin embargo, agrega que "no puede dejar de manifestar por esta situación que perjudica al Gobierno en un caso tan delicado como el que se ha debido enfrentar en los últimos meses", en relación a la detención del general Pinochet en Londres, el pasado 16 de octubre.
Entonces, el Gobierno pidió su libertad alegando que gozaba de "inmunidad diplomática", ya que había viajado al Reino Unido como embajador extraordinario y plenipotenciario en misión especial.
El revuelo que causó en diversos ámbitos el fallo del magistrado Escobar llevó a diversos sectores políticos a pedir que se esclarecieran los hechos, y que tanto el juez como Insulza explicaran su proceder en este asunto.
"Yo asumo la responsabilidad política que me corresponde, he sido absolutamente leal con el Gobierno del presidente Eduardo Frei", subrayó Insulza al romper su silencio.
Frei ha expresado su total respaldo al canciller socialista, que por razones de Estado se ha visto obligado a asumir la defensa de Pinochet, quien afronta un juicio de extradición a España, país al que Chile no le reconoce jurisdicción para juzgar al general.
"El ministro tiene todo mi respaldo, él siempre ha puesto la cara, es, además, un hombre de Estado", subrayó Frei.
Insulza ratificó todo lo que ha hecho la cancillería, y reivindicó la potestad constitucional exclusiva del Ejecutivo para designar las misiones especiales y para otorgar pasaportes diplomáticos.
El canciller explicó que el Ejército comunicó que Pinochet había sido invitado por la empresa Royal Ordnance, filial de British Aeroespace, a visitar algunos proyectos militares, para lo cual pidió que se le concediera la calidad de embajador en misión especial reservada.
"Yo digo que la misión existió porque los que me la pidieron así lo dicen", dijo Insulza, quien agregó que no compartirá la responsabilidad con nadie, "ni con el presidente ni con quien me la pidió".
Según la ley chilena, la "falsificación ideológica", que se asimila al delito de falsificación de documento público, significa que, si bien el documento que se objeta está bien extendido y no ha sido alterado, "se falta a la verdad en la narración de hechos sustanciales".
Insulza agregó que no acepta que se diga que la misión especial se concedió a Pinochet cuando ya estaba en Londres, y descartó que esta nueva polémica en torno al caso perjudique la posibilidad de negociar políticamente con el Gobierno español respecto al regreso del ex dictador a Chile.
"Yo quiero que este asunto sea bien concluido, porque no me basta que se diga que aquí no hay culpables. Yo quiero que se diga que aquí no hay delito", puntualizó, y recordó que aún faltan instancias judiciales que deben pronunciarse sobre el caso.
Julia Urquieta, una de las abogadas de la acusación, señaló que pedirán la designación de un juez especial para que investigue el asunto y no descartó una querella criminal si se identifican responsables
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